El debate económico en el Perú vuelve a tensarse en un momento clave. Las recientes decisiones del Congreso, respaldadas por el gobierno de José María Balcázar, han reavivado una preocupación recurrente: el avance de medidas que incrementan el gasto público sin un sustento técnico sólido ni una estrategia clara de sostenibilidad fiscal. Instituciones como el Banco Central de Reserva del Perú, así como diversos especialistas, han advertido que este tipo de políticas no solo impacta las cuentas del Estado en el corto plazo, sino que compromete el margen de acción de futuros gobiernos.
Más allá del debate coyuntural, el problema de fondo es estructural. El Perú arrastra, desde hace décadas, una debilidad persistente en productividad. Según estimaciones de la CEPAL, el país se ubica por detrás de economías como Chile, México, Brasil e incluso Colombia en indicadores clave de eficiencia productiva. Este rezago no es menor: la productividad es el factor que, en última instancia, determina la capacidad de una economía para crecer sin generar desequilibrios, elevar salarios reales y reducir costos de manera sostenida.
En ese contexto, insistir en políticas centradas principalmente en el aumento del gasto —por más legítimas que sean las demandas que buscan atender— puede resultar insuficiente e incluso riesgoso si no van acompañadas de reformas profundas. El problema no es únicamente cuánto gasta el Estado, sino en qué condiciones lo hace y con qué capacidad de sostener ese esfuerzo en el tiempo. Sin mejoras en productividad, el gasto adicional tiende a convertirse en presión fiscal, endeudamiento o ajustes futuros que terminan afectando precisamente a quienes se buscaba beneficiar.
La evidencia internacional es consistente: los países que logran desarrollarse de manera sostenida no lo hacen sobre la base de expansiones fiscales permanentes, sino a partir de inversiones estratégicas en infraestructura, educación de calidad, innovación, ciencia y fortalecimiento institucional. Es ahí donde se construyen las bases del crecimiento real. Es ahí donde se generan las condiciones para que el sector privado invierta, produzca más y pague mejores salarios sin necesidad de intervenciones artificiales.
El Perú, sin embargo, ha mostrado una tendencia histórica a depender de ciclos favorables de recursos naturales, con avances limitados en diversificación productiva y con persistentes problemas de corrupción y debilidad institucional que afectan la eficiencia del gasto público. En ese escenario, aumentar el gasto sin corregir estas fallas estructurales no solo no resuelve el problema, sino que puede profundizarlo.
El verdadero desafío no es político, sino económico y técnico. Se trata de decidir si el país continuará apostando por medidas de impacto inmediato, pero de dudosa sostenibilidad, o si dará el giro necesario hacia una agenda centrada en elevar la productividad. Esto implica decisiones menos visibles en el corto plazo, pero mucho más determinantes en el largo: mejorar la calidad educativa, reducir trabas burocráticas, impulsar la inversión en infraestructura y promover la innovación.
El momento exige una discusión más madura y menos reactiva. No se trata de negar demandas sociales, sino de encauzarlas dentro de un marco que garantice su viabilidad en el tiempo. Porque, al final, no hay atajos: sin productividad, no hay crecimiento sostenible; y sin crecimiento sostenible, cualquier mejora en el bienestar será, inevitablemente, temporal.
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