La promesa de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el exclusivo "club de los países ricos", suele venderse como el sello definitivo de modernidad y éxito institucional. Sin embargo, para América Latina, la importación ciega de estos manuales diseñados en París se está convirtiendo en una pesadilla burocrática que estrangula la inversión privada y el crecimiento económico. Chile, México y Colombia son hoy el espejo roto en el que el Perú debe mirarse con urgencia y cautela antes de asumir compromisos que terminen por asfixiar su propio desarrollo.
El error de fondo de esta estrategia es la asimetría institucional. Un estándar ambiental o regulatorio de vanguardia funciona con éxito en Alemania, Canadá o Japón porque esas naciones poseen burocracias hiperconectadas, predictivas y eficientes. Tienen la fuerza institucional y los recursos para procesar exigencias complejas a gran velocidad. En los países en vías de desarrollo, por el contrario, la institucionalidad es estructuralmente débil. Al superponer regulaciones del primer mundo sobre aparatos estatales ineficientes, el resultado no es una mejor protección del entorno, sino la parálisis total del capital debido a una densa e insaltable red de tramitología y "permisología".
El caso de Chile es el más dramático y aleccionador
de la región. Considerado durante décadas el motor económico de Sudamérica y el
alumno ejemplar en la atracción de capitales, el país vive hoy un severo
estancamiento de inversiones. Sus normativas alineadas con las directrices de
la OCDE han creado un cuello de botella donde proyectos mineros
multimillonarios y plantas de energía renovable pasan años atrapados en
laberintos legales y revisiones redundantes, obligando hoy a su clase política
a debatir reformas de emergencia para desmantelar la burocracia que ellos
mismos crearon. Síntomas similares sufre Colombia, donde la judicialización
extrema de las licencias ambientales ha paralizado la infraestructura vial, y
México, donde la incertidumbre jurídica ahuyenta capitales hacia mercados más
pragmáticos.
El Perú se encuentra en pleno proceso de adhesión a
la OCDE, y es aquí donde se requiere la máxima alerta. El país no puede cometer
el error de importar recetas cerradas de manera acrítica. Lo que se necesita es
un enfoque de importación adecuada de políticas públicas: adoptar las buenas
prácticas de transparencia, pero rechazar tajantemente las camisas de fuerza
regulatorias que pretendan frenar motores clave como la minería, la
agroexportación o la infraestructura logística.
Para una economía con altos índices de
informalidad, las prioridades urgentes deben ser el crecimiento económico
sostenido, el aumento de la productividad, la educación de calidad y la
eliminación de la pobreza mediante políticas pragmáticas que funcionen en la
realidad local. Forzar estándares avanzados antes de tiempo es sabotear el
bienestar de la población. El pragmatismo debe imponerse: el Perú debe alcanzar
los niveles de ingresos y solidez institucional de un país desarrollado primero
para, recién entonces, ingresar formalmente a la OCDE.
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