Perú y su informalidad: un problema que necesita productividad

Perú tiene un problema que muchos prefieren mirar de reojo: más del 70% de la economía es informal. Sí, leíste bien: más del 70%. Entre las seis economías más grandes de América Latina, somos los campeones de la informalidad. Y no es por falta de talento ni de ganas de trabajar, sino por un Estado que todavía tropieza con su propia burocracia y un sistema que no logra empujar a las empresas a ser más productivas.

La receta no es un misterio: para formalizar a los trabajadores, necesitamos que las empresas sean más productivas. La productividad no solo genera más plata, sino que permite pagar mejores sueldos y cumplir con impuestos sin que todo se vuelva un dolor de cabeza. Y ojo, la inversión extranjera ayuda un montón, pero no cualquier inversión: queremos empresas que sepan jugar en serio, que traigan know-how, tecnología y orden, no solo billetera.

Ahí es donde entra el Estado. Si queremos que la economía crezca formal y ordenada, necesitamos un Estado que funcione: mejor infraestructura, capital humano de calidad, menos burocracia, permisos más rápidos y un sistema político que no parezca un circo fragmentado. Si el Estado es eficiente, ágil y meritocrático, la productividad sube, la informalidad baja, y todos ganamos.

El cambio no será con discursos bonitos ni promesas vacías. Será con productividad, inversión inteligente y un Estado que deje de estorbar para pasar a impulsar. Mientras tanto, seguimos siendo los reyes de la informalidad en Latinoamérica. Y eso, mis amigos, es un problema que ya no podemos seguir ignorando.

Productividad o populismo: el dilema que define el futuro del Perú

El debate económico en el Perú vuelve a tensarse en un momento clave. Las recientes decisiones del Congreso, respaldadas por el gobierno de José María Balcázar, han reavivado una preocupación recurrente: el avance de medidas que incrementan el gasto público sin un sustento técnico sólido ni una estrategia clara de sostenibilidad fiscal. Instituciones como el Banco Central de Reserva del Perú, así como diversos especialistas, han advertido que este tipo de políticas no solo impacta las cuentas del Estado en el corto plazo, sino que compromete el margen de acción de futuros gobiernos.

Más allá del debate coyuntural, el problema de fondo es estructural. El Perú arrastra, desde hace décadas, una debilidad persistente en productividad. Según estimaciones de la CEPAL, el país se ubica por detrás de economías como Chile, México, Brasil e incluso Colombia en indicadores clave de eficiencia productiva. Este rezago no es menor: la productividad es el factor que, en última instancia, determina la capacidad de una economía para crecer sin generar desequilibrios, elevar salarios reales y reducir costos de manera sostenida.

En ese contexto, insistir en políticas centradas principalmente en el aumento del gasto —por más legítimas que sean las demandas que buscan atender— puede resultar insuficiente e incluso riesgoso si no van acompañadas de reformas profundas. El problema no es únicamente cuánto gasta el Estado, sino en qué condiciones lo hace y con qué capacidad de sostener ese esfuerzo en el tiempo. Sin mejoras en productividad, el gasto adicional tiende a convertirse en presión fiscal, endeudamiento o ajustes futuros que terminan afectando precisamente a quienes se buscaba beneficiar.

La evidencia internacional es consistente: los países que logran desarrollarse de manera sostenida no lo hacen sobre la base de expansiones fiscales permanentes, sino a partir de inversiones estratégicas en infraestructura, educación de calidad, innovación, ciencia y fortalecimiento institucional. Es ahí donde se construyen las bases del crecimiento real. Es ahí donde se generan las condiciones para que el sector privado invierta, produzca más y pague mejores salarios sin necesidad de intervenciones artificiales.

El Perú, sin embargo, ha mostrado una tendencia histórica a depender de ciclos favorables de recursos naturales, con avances limitados en diversificación productiva y con persistentes problemas de corrupción y debilidad institucional que afectan la eficiencia del gasto público. En ese escenario, aumentar el gasto sin corregir estas fallas estructurales no solo no resuelve el problema, sino que puede profundizarlo.

El verdadero desafío no es político, sino económico y técnico. Se trata de decidir si el país continuará apostando por medidas de impacto inmediato, pero de dudosa sostenibilidad, o si dará el giro necesario hacia una agenda centrada en elevar la productividad. Esto implica decisiones menos visibles en el corto plazo, pero mucho más determinantes en el largo: mejorar la calidad educativa, reducir trabas burocráticas, impulsar la inversión en infraestructura y promover la innovación.

El momento exige una discusión más madura y menos reactiva. No se trata de negar demandas sociales, sino de encauzarlas dentro de un marco que garantice su viabilidad en el tiempo. Porque, al final, no hay atajos: sin productividad, no hay crecimiento sostenible; y sin crecimiento sostenible, cualquier mejora en el bienestar será, inevitablemente, temporal.

El costo invisible de la inestabilidad política: cómo Perú está dejando pasar su mejor momento

La idea de que la inestabilidad política no está afectando la economía es, simplemente, insostenible. En el caso del Perú, los datos no solo contradicen ese argumento, lo desarman por completo. Hoy el país atraviesa una de las mayores contradicciones de su historia reciente: tiene condiciones externas extraordinariamente favorables, pero crece a un ritmo mediocre. Esa brecha no es casualidad ni mala suerte. Tiene una causa concreta: la inestabilidad política. (gráfico en US$ millones).

Para entenderlo, hay que empezar por lo más evidente. Los términos de intercambio —los precios a los que el Perú vende sus exportaciones frente a lo que paga por sus importaciones— están en niveles muy favorables, incluso superiores a los de hace más de una década, cuando la economía peruana crecía cerca del 10% anual. En ese momento, el país supo aprovechar el contexto internacional. Hoy no. A pesar de tener un entorno externo más favorable, el crecimiento apenas alcanza alrededor del 3%. Esa diferencia no se explica por factores globales, porque el viento externo está a favor. Se explica por lo que ocurre dentro del país.

Y ahí aparece el segundo punto, aún más contundente: la inversión extranjera directa. Esta es, por definición, la variable más sensible a la incertidumbre. Cuando hay estabilidad, fluye; cuando hay dudas, se detiene. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en el Perú. Mientras economías comparables como Brasil, México, Chile y Colombia han logrado sostener o recuperar niveles importantes de inversión tras la pandemia, el Perú se ha quedado atrás.

Las cifras son claras y no admiten interpretación complaciente. En 2022, la inversión extranjera directa alcanzó aproximadamente 11 mil millones de dólares. Sin embargo, tras los episodios de crisis política, la confrontación institucional y la fuerte turbulencia social, en 2023 esa cifra se desplomó a alrededor de 4 mil millones. En 2024, apenas se recupera a unos 6 mil millones. Es decir, el país sigue muy por debajo de su propio nivel reciente y muy lejos de sus pares regionales.

Esto no es una coincidencia. Es una reacción directa a la incertidumbre. Los inversionistas no operan en el vacío: necesitan reglas claras, estabilidad y previsibilidad. Cuando un país transmite señales de conflicto permanente, cambios abruptos y riesgo institucional, el capital simplemente busca otro destino. No es ideología, es lógica económica básica.

El costo de esta caída en la inversión no es abstracto. Es concreto y profundo. Si el Perú hubiera mantenido —o incluso aumentado— los niveles de inversión que tenía en 2022, en un contexto internacional favorable, hoy podría estar creciendo cerca del 6%. En lugar de eso, está estancado en la mitad de ese ritmo. Esa diferencia representa empleos que no se crean, ingresos que no existen y oportunidades que se pierden.

Porque la inversión no es solo un número en una estadística. Es empleo, es infraestructura, es productividad, es formalización. Cuando la inversión cae, todo eso cae con ella. Hay menos trabajo, menos recaudación, menos capacidad del Estado para invertir y menos dinamismo en la economía en general. Es un efecto en cadena que termina afectando directamente a la población.

Por eso resulta tan preocupante insistir en que la inestabilidad política no tiene impacto económico. No solo es incorrecto, sino que impide enfrentar el problema de fondo. El Perú no está creciendo menos porque el mundo esté en contra. Está creciendo menos porque no logra ofrecer un entorno interno que permita aprovechar las oportunidades externas. Negar esa realidad no la cambia. Solo la agrava.

Presidencia de Balcazar: “Gobernar es fácil" mientras el país pierde oportunidades

 El presidente Balcazar afirmó  que gobernar es “muy fácil”, una declaración que rápidamente chocó con la realidad que viven los peruanos. Mientras él minimiza los desafíos, el país enfrenta retrasos que cuestan empleo, desarrollo y bienestar.

Un ejemplo claro es la zona económica especial de Ancón, cuyo impulso podría generar inversión, empleo y crecimiento. Aunque el Congreso aprobó la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas, todavía falta la reglamentación por parte del Ejecutivo, un paso indispensable para que los proyectos privados puedan concretarse. La demora no es menor: cada día que pasa sin acción representa oportunidades perdidas para atraer inversión extranjera, generar empleo y mejorar la competitividad del país.

Mientras naciones de la región como Costa Rica y República Dominicana consolidan zonas especiales exitosas, el Perú sigue rezagado. La inversión extranjera que llega es mínima comparada con Colombia, Chile y Argentina, lo que evidencia la incapacidad del Ejecutivo de transformar leyes en resultados concretos.

Decir que gobernar es “fácil” desde el despacho presidencial refleja una desconexión preocupante con la realidad del país. Gobernar implica decisiones, acciones y seguimiento, no solo declaraciones. La falta de reglamentación de la zona de Ancón es un ejemplo palpable de cómo la retórica se queda corta frente a las necesidades reales de los peruanos.

El país necesita un liderazgo responsable, realista y activo, capaz de convertir leyes en desarrollo, y no discursos vacíos que solo evidencian la distancia entre el Ejecutivo y los problemas que enfrenta la ciudadanía. Mientras tanto, la inversión, los empleos y el bienestar continúan esperando.

El Crecimiento Económico del Perú: Urgencia de Alcanzar el 7% para Garantizar Desarrollo Sostenible

Según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Perú experimentó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,3% en 2024, se espera que alcance 3,1% en 2025, y proyecta un crecimiento de 2,9% en 2026. Estos datos reflejan no solo una tendencia decreciente, sino un crecimiento significativamente inferior al que el país necesita para satisfacer sus necesidades básicas de desarrollo económico y social.

Para financiar la creación de empleo, reducir la pobreza, garantizar servicios públicos de calidad y promover la seguridad ciudadana, el Perú requiere un crecimiento mínimo del 7% anual. Este nivel de crecimiento es indispensable para sostener la inversión en infraestructura, educación y salud, así como para disminuir la desigualdad estructural que persiste en la sociedad peruana.

A pesar de contar con fortalezas notables, como su ubicación estratégica en la región sudamericana, una población joven y dinámica, abundantes recursos naturales y un potencial atractivo como destino de inversión extranjera, estas ventajas se están desaprovechando. La razón principal radica en instituciones débiles, corrupción de altos funcionarios, fragmentación social y burocracia excesiva, que limitan la eficiencia del Estado y la capacidad de implementar políticas públicas efectivas.

El Perú, por lo tanto, enfrenta un desafío doble: crecer más rápido y crecer mejor. Para alcanzar un crecimiento sostenible superior al 7%, se requieren acciones concretas y coordinadas:

1. Atraer inversión nacional y extranjera, eliminando barreras burocráticas, agilizando permisos y garantizando seguridad jurídica.

2. Fortalecer el capital humano mediante educación técnica y superior de calidad, así como programas de capacitación orientados a la innovación y productividad.

3. Acelerar la infraestructura pública, tanto física como digital, mediante proyectos estratégicos de transporte, energía y conectividad que potencien la competitividad del país.

4. Reducir la corrupción y la lentitud administrativa, aplicando rigurosamente la ley y promoviendo una gestión estatal eficiente que priorice el desarrollo económico y social.

5. Promover una institucionalidad sólida, capaz de garantizar estabilidad macroeconómica, transparencia y cohesión social.

El mensaje es claro: el crecimiento económico proyectado del Perú es insuficiente. No se trata solo de cifras; se trata de oportunidades perdidas para millones de peruanos. Alcanzar un crecimiento del 7% no es un lujo, sino una obligación para garantizar empleo, bienestar y reducción de desigualdad.

Si el país logra implementar estas estrategias, no solo aprovechará sus ventajas naturales y demográficas, sino que también construirá una base sólida para un desarrollo económico sostenido, inclusivo y justo. La conciencia ciudadana y la presión sobre el Estado son esenciales para que el Perú deje de crecer por debajo de sus posibilidades y comience a avanzar hacia su verdadero potencial.

¡Exigimos justicia y sanción ejemplar contra la corrupción en EsSalud!

Recientemente, la ex primera ministra Denisse Miralles denunció la presunta injerencia del entorno de Brunella Horna, nuera del político César Acuña, en adjudicaciones de EsSalud, dejando en evidencia cómo ciertos grupos familiares intentan saquear el Estado y capturar sus instituciones para beneficio personal.

No es posible que los peruanos sigamos tolerando que individuos vean al Estado como un botín. Los contratos millonarios, la falta de experiencia de los adjudicatarios y los vínculos familiares que afectan la transparencia muestran una corrupción descarada y sistemática.

Exigimos al Ministerio Público y a las autoridades competentes que actúen de inmediato:

Investigación exhaustiva de todos los involucrados.

Sanción ejemplar con aplicación del Código Penal, embargos y devolución de lo robado.

Transparencia total en las investigaciones para que los ciudadanos vean que el Estado no es un botín privado.

Solo con un castigo firme y ejemplar se podrá frenar la captura de las instituciones y asegurar que la corrupción no siga campeando a sus anchas. La familia Horna, la señora Puña y cualquier otro involucrado deben responder ante la justicia y dejar claro que en Perú ningún saqueo del Estado quedará impune.

Perú no puede seguir permitiendo que intereses privados y familiares destruyan el bienestar común. ¡Exijamos justicia y transparencia ahora!

Crisis política en el Perú: la burocracia como pilar de estabilidad

El Perú atraviesa una profunda crisis política, marcada por la volatilidad de los poderes electos y designados, que ha generado incertidumbre en la ciudadanía y debilitado la confianza en las instituciones. Para entender la magnitud del problema, es necesario diferenciar las dos dimensiones fundamentales del Estado: los actores políticos y la burocracia.

La primera dimensión está compuesta por los políticos, es decir, aquellos que son elegidos o designados temporalmente. Entre ellos se encuentran el presidente de la República, los congresistas y los ministros de Estado, quienes ejercen funciones con mandatos limitados. Su tarea es fundamental para la democracia, ya que representan la voluntad ciudadana y definen las políticas públicas.

Sin embargo, esta temporalidad también conlleva inestabilidad. La renovación frecuente de autoridades, los conflictos políticos y la polarización pueden afectar la continuidad de los proyectos y la gestión eficiente del Estado. En el contexto actual, la crisis política peruana evidencia los límites de depender únicamente de esta dimensión del poder estatal para garantizar estabilidad.

Frente a la inestabilidad política, emerge la segunda dimensión: la burocracia. Esta está conformada por trabajadores permanentes, técnicos, administradores y gerentes que sostienen el funcionamiento diario de las instituciones. A diferencia de los políticos, su permanencia no depende de elecciones ni de designaciones políticas, sino de procesos meritocráticos de selección y nombramiento.

Fortalecer la burocracia implica promover la eficiencia, el cumplimiento de la ley, la digitalización de los servicios y la provisión de atención a la ciudadanía. Instituciones como el Banco Central del Perú han mostrado cómo un sistema meritocrático asegura la continuidad de la gestión incluso frente a cambios en la cúpula política. Los funcionarios son seleccionados mediante exámenes y cursos especializados, lo que garantiza competencia técnica y estabilidad institucional.

Este modelo podría replicarse en otras entidades, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Defensa, la Superintendencia de Seguros y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), fortaleciendo la capacidad del Estado para operar de manera eficiente, incluso cuando la clase política enfrenta crisis.

El desafío para el Perú es doble. Por un lado, es indispensable trabajar en la estabilidad política y la calidad de sus representantes. Por otro, la crisis actual deja claro que la burocracia puede convertirse en un ancla que garantice continuidad, eficiencia y servicios públicos de calidad.

En definitiva, mientras los políticos son transitorios, la burocracia debe ser fortalecida de manera sostenida, asegurando que las instituciones funcionen con independencia y profesionalismo. Solo así el Estado puede resistir las turbulencias políticas y seguir avanzando en beneficio de la ciudadanía.