No usar las reservas internacionales como excusa: la productividad es la solución

En los últimos meses, han surgido propuestas para utilizar las reservas internacionales del Perú como una especie de “bala mágica” para financiar infraestructura pública: viviendas, carreteras, colegios, hospitales. A primera vista, puede sonar atractivo: recursos disponibles, problemas urgentes. Pero esta idea es irresponsable y peligrosa.

Las reservas internacionales no son un fondo para cubrir deficiencias presupuestarias ni para compensar la ineficiencia de la administración pública. Su función principal es garantizar la estabilidad de la moneda, del tipo de cambio y del sistema financiero. Tocarlas para otros fines crea un espejismo de solución, mientras se profundizan los problemas estructurales del país.

La falta de infraestructura no se soluciona con dinero fácil, sino con gestión eficiente, planificación rigurosa y transparencia. Usar las reservas para financiar proyectos públicos no abordará los verdaderos obstáculos: la baja productividad, la corrupción, la burocracia ineficiente y la falta de capacidad de ejecución. De hecho, podría empeorarlos. Más recursos sin control aumentan las oportunidades de corrupción y desorden, dejando intacta la raíz del problema: un país que produce poco con los recursos que tiene.

El desafío real es aumentar la productividad del Perú, uno de los más bajos de América Latina. Esto implica invertir en capital humano, meritocracia, gestión eficiente y políticas públicas bien diseñadas. Solo así se generan recursos de manera sostenible, que luego puedan invertirse en infraestructura y servicios públicos de calidad.

Proponer atajos financieros sobre las reservas internacionales es fácil pero irresponsable. Exige poco pensamiento, poco esfuerzo y promete resultados inmediatos que nunca llegarán. Lo difícil, lo real y lo importante es mejorar la productividad y la eficiencia del país. Eso es lo que realmente puede cambiar la vida de los peruanos.

Antes de tocar las reservas, exijamos gestión, planificación y productividad. Ahí está la verdadera solución.

Los políticos no deben restar: el Perú necesita sumar para crecer al menos 7%

 El Perú tiene todo lo que se necesita para crecer, de verdad: gente trabajadora, recursos naturales abundantes, emprendedurismo dinámico, ubicación geográfica estratégica y un potencial enorme para atraer inversiones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Sin embargo, año tras año vemos cómo esas ventajas se disipan entre peleas, fragmentación política y corrupción enquistada en el poder.

No es un problema de capacidades materiales ni de falta de talento. El problema es cómo se usa —o se pierde— ese potencial. Porque en el corazón del desarrollo económico late una fuerza que nadie puede ignorar: la estabilidad política y la cooperación institucional. Cuando los políticos pelean entre sí, priorizan intereses partidarios o personales, o se dedican a disputas que no llevan a nada, la economía pierde. El crecimiento no espera, y el capital tampoco.

La evidencia es clara: la polarización política y la corrupción son enemigas visibles del crecimiento económico. Cada vez que el país se divide, cada vez que los acuerdos se rompen y las decisiones se postergan, la inversión se retrae, la confianza de los empresarios se debilita y la economía se encoge. No porque el Perú carezca de recursos, sino porque la política resta donde debería sumar.

Un país con los ingredientes del Perú debería aspirar a crecer sostenidamente al menos 7% anual. Eso no es una exageración; es una mínima ambición razonable si se aprovecha lo que ya se tiene. Pero no bastan las buenas intenciones: se necesita un clima político que favorezca la eficiencia del Estado, la rapidez en la toma de decisiones y la capacidad de impulsar proyectos que generen empleo y movilidad social.

La realidad nos golpea con cifras y con historias: empresas que frenan inversiones por incertidumbre regulatoria, jóvenes talentosos que emigran por falta de oportunidades, obras que se detienen por cambios de gobierno o por disputas entre autoridades. No es solo un problema económico: es un problema de voluntad política, de prioridades, de visión de país.

No podemos seguir aceptando que la política sea sinónimo de suma cero, donde uno gana y otro tiene que perder. En un país como el nuestro, la política debería ser el gran sumador. Sumar acuerdos, sumar estabilidad, sumar consensos mínimos que permitan avanzar. Sumar eficiencia burocrática para que los trámites no sean un obstáculo, sino un puente hacia la inversión y la creación de empleo.

El Perú no necesita líderes que solo piensen en sus cuotas de poder ni en sus diferencias ideológicas. Necesita decisiones que unan, que proyecten y que construyan. Necesita una política que entienda que el crecimiento económico no es un capricho, sino una herramienta de justicia social, de oportunidades para todos.

Porque si algo ha demostrado la historia y lo sigue demostrando la realidad, es que los países que crecen no son los que dividen, sino los que suman, los que coordinan esfuerzos, los que ponen al servicio de la gente una gobernabilidad sólida. El Perú tiene todo para ello. Solo falta que su política entienda que sumar es la única forma de crecer —y de hacerlo al ritmo que nuestra gente y nuestra gente merecen: 7%, y más allá.

La fragmentación política en el Perú y su impacto en el desarrollo

Perú atraviesa una crisis política estructural marcada por la existencia de más de 30 partidos, un fenómeno que no solo refleja diversidad, sino también un problema de fondo: la corrupción institucionalizada desde los propios partidos. La corrupción comienza en el momento en que los partidos seleccionan a sus candidatos y se organizan para la campaña nacional. Allí, la prioridad no es el interés del país, sino la apropiación de los más altos cargos del Estado y de sus recursos, con fines personales.

Esta lógica individualista genera un sistema donde los consensos se vuelven imposibles. Cada partido busca “su negocio”, privatizando decisiones que deberían estar orientadas al interés nacional. Así, la planificación del desarrollo económico y social queda subordinada a los intereses de pocos, mientras las necesidades de la población quedan relegadas.

El interés nacional debería centrarse en pilares claros: inversión pública en infraestructura y educación, lucha efectiva contra la corrupción, eficiencia en los servicios públicos, reducción de la burocracia, crecimiento económico sostenido y generación de empleo formal. Sin embargo, estos objetivos quedan en segundo plano frente al reparto político de ministerios y recursos.

Perú tiene fortalezas innegables: abundantes recursos naturales, inversiones extranjeras, proyectos estratégicos y una población trabajadora y emprendedora. Pero estas ventajas se desperdician cuando la política se orienta al beneficio individual. La experiencia de los países del Este Asiático y, más recientemente, de China, demuestra que el desarrollo requiere disciplina institucional, visión de largo plazo y un compromiso colectivo con la mejora de la calidad de vida de la población.

La fragmentación política y la competencia por los recursos dentro de los partidos reducen la capacidad del país de generar crecimiento económico sostenido y limitar las posibilidades de desarrollo humano. Mientras persista esta cultura política centrada en el interés personal, Perú seguirá desaprovechando sus oportunidades y sus enormes potencialidades.

Es hora de que la política deje de ser un negocio privado y comience a servir al país, al desarrollo, y a la población que tiene las ganas y la capacidad para construirlo.

Perú vota sin brújula económica

La reciente elección en el Congreso no es un hecho aislado: es un síntoma más de una política que ha perdido el norte. En un país que crece poco, que arrastra años de inestabilidad y que necesita inversión urgente para generar empleo, la señal enviada al mercado y a la ciudadanía vuelve a ser la misma: incertidumbre.

Cuando el liderazgo institucional se define no por experiencia, capacidad de gestión o credibilidad ante los agentes económicos, sino por cálculos internos, alianzas coyunturales o repartos de poder, el mensaje es devastador. Las empresas —nacionales y extranjeras— no invierten donde no hay previsibilidad. Y el Perú hoy ofrece exactamente lo contrario: fragmentación, confrontación y sospecha permanente.

No se trata de personas, sino de incentivos. El problema no es un nombre propio, sino un sistema político donde la negociación de cargos pesa más que la construcción de estabilidad, donde la popularidad momentánea pesa más que la trayectoria, y donde el cálculo de corto plazo desplaza cualquier visión de desarrollo.

El resultado es un país atrapado en un círculo vicioso: bajo crecimiento, mayor frustración social, mayor polarización y decisiones políticas cada vez menos orientadas al interés nacional.

La democracia no fracasa por exceso de debate, sino por ausencia de responsabilidad. Elegir autoridades debería significar elegir certidumbre, gobernabilidad y reglas claras. Mientras la política siga priorizando la revancha, la desconfianza y la lógica de facciones, el crecimiento seguirá siendo insuficiente y el empleo formal seguirá siendo escaso.

La verdadera reforma pendiente no es solo institucional; es cultural. Necesitamos una política que compita por propuestas, no por cuotas; que busque estabilidad, no aplausos; que entienda que sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay paz social.

El Perú no puede darse el lujo de seguir votando sin brújula económica.

El crecimiento económico como prioridad en el Perú: más allá de la polarización política

En el Perú, el debate político reciente ha estado marcado por discursos polarizados y preocupaciones sobre la ideología de los grupos gobernantes, en lugar de centrarse en la necesidad urgente de un crecimiento económico sostenido y legal, libre de corrupción. El nuevo presidente, proveniente de un sector identificado como de izquierda, ha generado expectativas y temores entre distintos sectores de la sociedad, pero en su discurso inaugural y en las primeras opiniones de los analistas, el tema del crecimiento económico apenas se mencionó. Esta ausencia es preocupante, porque sin un crecimiento real y sostenido, el país enfrenta serias dificultades para atender problemas estructurales como el empleo formal, la reducción de la pobreza y la desigualdad, y garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales.

El Perú ha mostrado en los últimos años un crecimiento económico insuficiente frente a sus desafíos sociales y estructurales. Esta realidad hace evidente que se requiere una política enfocada en atraer inversión extranjera, estimular la inversión privada, y garantizar que la inversión pública cumpla un rol estratégico en infraestructura, conectividad y modernización del Estado. No obstante, el éxito de estas medidas está íntimamente ligado a la eficiencia del aparato burocrático y la lucha contra la corrupción. La corrupción no solo reduce la efectividad de los recursos públicos, sino que también representa un freno directo al crecimiento sostenible: los proyectos se retrasan, los costos aumentan y se disuade la inversión.

La economía no puede depender únicamente de políticas de corto plazo ni de la retórica ideológica. Un país necesita crecimiento económico real para generar empleos de calidad, fortalecer el mercado interno, y sostener los programas sociales que permiten reducir desigualdades. La unidad nacional en torno a políticas de crecimiento es más urgente que nunca, especialmente en un contexto de polarización política donde el debate se centra en posiciones partidarias más que en soluciones concretas.

Por ello, cualquier estrategia de gobierno debe reconocer que el crecimiento económico legal, transparente y sostenido es el motor que permite a los peruanos mejorar su calidad de vida. Esto implica priorizar la inversión, agilizar la burocracia, asegurar la transparencia de los procesos públicos y fomentar un clima de confianza para inversionistas. Solo así se puede transformar el potencial del Perú en resultados tangibles para su población. Ignorar esta realidad, o postergar la discusión sobre crecimiento, es poner en riesgo el limitado progreso alcanzado y comprometer la capacidad del país para enfrentar sus desafíos sociales y económicos.

Ciertamente, la política peruana debe ir más allá de la polarización y la confrontación ideológica, y centrarse en lo esencial: hacer crecer la economía de manera sostenible, legal y transparente. El futuro del país depende menos de debates sobre etiquetas políticas y más de decisiones que impulsen el desarrollo económico real, combatan la corrupción y fortalezcan la inversión en todos los sectores estratégicos.

Puerto de Chancay, geografía económica y modelo de aglomeración chino

El Puerto de Chancay representa hoy una oportunidad estratégica para el desarrollo industrial y económico del Perú, un nodo clave capaz de transformar los recursos naturales del país en manufactura avanzada y exportaciones de alto valor agregado. La geografía económica, entendida como una teoría que analiza cómo el espacio, la ubicación y la infraestructura condicionan la producción, el comercio y la competitividad, ofrece un marco sólido para planificar esta transformación. Según Paul Krugman y otros teóricos modernos, la concentración estratégica de empresas, capital y trabajadores en un territorio específico genera productividad, innovación y ventajas competitivas sostenibles, elementos que Perú puede aprovechar plenamente.

El puerto y sus zonas económicas adyacentes permiten agrupar empresas, optimizar la logística y facilitar el transporte de insumos y productos terminados, replicando lo que ha funcionado en otras regiones del mundo. Un ejemplo paradigmático es el este de China, donde, a partir de la apertura económica de 1978 promovida por Deng Xiaoping, se concentraron industrias en ciudades cercanas a economías desarrolladas como Corea y Japón. Allí, la política de apertura y liberalización, las joint ventures con empresas extranjeras, la meritocracia en las empresas estatales y el surgimiento de empresas privadas dinámicas generaron un motor industrial capaz de producir tecnología, marcas propias y exportaciones competitivas. Esta experiencia muestra cómo la agregación industrial, combinada con planificación y transferencia tecnológica, puede transformar una región en un polo de desarrollo económico global.

Perú posee hoy condiciones aún más favorables: infraestructura portuaria moderna, empresas constituidas, recursos humanos calificados y acceso a mercados internacionales a través de socios comerciales estratégicos como China y otros países asiáticos. La clave está en planificar con visión, aglomerar la industria alrededor del Puerto de Chancay, fomentar alianzas público-privadas y garantizar la transferencia tecnológica para aumentar la productividad y aprovechar al máximo las ventajas comparativas dinámicas del país.

Un elemento central de esta estrategia es convertir los recursos naturales en productos manufacturados de alto valor agregado, especialmente a partir del cobre. Entre los productos de mayor relevancia económica destacan cables eléctricos de alta tensión, alambres y conductores especializados, hilos para motores y generadores, transformadores eléctricos, componentes para baterías avanzadas y conductores para energías renovables. Estos productos no solo generan valor agregado, sino que también permiten integrar Perú en cadenas globales de tecnología e innovación, replicando la lógica de crecimiento que hizo exitoso al este de China.

Con esta estrategia, Perú puede consolidar un círculo virtuoso de desarrollo industrial, aumentando empleo calificado, exportaciones, ingresos fiscales y capacidades tecnológicas. El país tiene todos los ingredientes para replicar el éxito de China: infraestructura portuaria, recursos naturales, capital humano y socios comerciales estratégicos. Solo falta empujar el carro con planificación efectiva, alianzas internacionales y visión de largo plazo, para que el Puerto de Chancay se convierta en el epicentro de la transformación industrial del Perú y un motor sostenible de crecimiento económico.

Estrategia industrial y de valor agregado a partir del cobre y el Puerto de Chancay

Perú cuenta hoy con una oportunidad histórica para potenciar su desarrollo económico e industrial a través del cobre y otros minerales estratégicos, aprovechando la infraestructura del Puerto de Chancay y las zonas económicas planificadas a su alrededor. Esta estrategia busca generar valor agregado, fomentar la manufactura y la tecnología local, incrementar exportaciones y diversificar la economía, creando empleos calificados y fortaleciendo la capacidad industrial del país.

El eje central de esta estrategia consiste en maximizar la producción de bienes que ya se producen y exportan, al mismo tiempo que se inicia la creación de nuevas industrias para productos derivados del cobre y sus aleaciones. La proximidad del Puerto de Chancay permite que la producción se conecte rápidamente con los mercados internacionales, reduciendo costos logísticos y acelerando la incorporación de productos peruanos de valor agregado en las cadenas globales.

La visión de largo plazo incluye capacitación de la fuerza laboral, transferencia tecnológica, integración de investigación y desarrollo, así como asociaciones estratégicas con empresas extranjeras, especialmente de Asia, para introducir innovación y modernizar los procesos de manufactura. Con este enfoque, Perú puede construir un círculo virtuoso de desarrollo económico, donde la industria local crece, se diversifica y genera ingresos fiscales sostenibles para financiar infraestructura, educación y otros sectores clave.

Tabla de productos de cobre: creación de nuevas industrias y expansión de existentes

Con esta tabla como guía, Perú puede planificar qué industrias ampliar y cuáles iniciar desde cero, usando las zonas económicas y el Puerto de Chancay como plataforma estratégica de desarrollo. La combinación de infraestructura, inversión extranjera, manufactura avanzada y exportación de productos de cobre con valor agregado permitirá fortalecer la economía, aumentar los ingresos fiscales, crear empleo calificado y desarrollar capacidades tecnológicas, generando un motor sostenible de crecimiento económico y social para el país.