Perú debe acelerar sus Zonas Económicas Especiales: Chancay como puerta de innovación y exportación

El Perú enfrenta un momento crítico para consolidar su potencial industrial y exportador: la implementación de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) alrededor del puerto de Chancay no puede seguir retrasándose. Estas zonas representan una oportunidad única para generar empleo formal, promover la innovación tecnológica y diversificar la economía nacional, pero su éxito depende de que el Estado actúe con rapidez y eficiencia.

Expertos señalan que la construcción y puesta en marcha de varias ZEEP requiere más que solo aprobar leyes: es indispensable contar con una gestión aduanera ágil, trámites simplificados, una burocracia eficiente y una infraestructura logística robusta que conecte las zonas con los principales mercados nacionales e internacionales. Solo así será posible que los productos peruanos —y de países vecinos como Brasil— incorporen valor agregado, fomentando exportaciones competitivas y fortaleciendo la integración con cadenas productivas globales.

A diferencia de China en 1978, cuando inició su política de apertura siendo un país extremadamente pobre, el Perú actualmente es un país de ingresos medios con recursos disponibles. Aunque enfrenta problemas de corrupción, baja productividad y rigidez burocrática, los recursos existen y pueden ser aprovechados de manera estratégica. Esto significa que, con gestión adecuada, las empresas peruanas pueden liderar la producción de bienes finales innovadores y tecnológicos, convirtiéndose en un motor inicial de desarrollo, mientras que la inversión extranjera puede complementar y expandir estas capacidades, sin depender de una sola potencia.

El retraso en acelerar estas ZEEP podría significar una pérdida de competitividad frente a otros países de la región que ya avanzan en la creación de hubs industriales y logísticos. La rapidez en implementar estas zonas será determinante para que el Perú no quede rezagado y pueda aprovechar su infraestructura portuaria, su ubicación estratégica y la disponibilidad de talento humano calificado.

En definitiva, Chancay y sus alrededores deben ser vistos como un punto de partida para una nueva apertura económica del Perú, capaz de atraer inversión, generar empleo digno, modernizar la producción y descentralizar el desarrollo económico. Cada semana de demora representa una oportunidad perdida para que el país avance hacia un modelo industrial competitivo, diversificado y tecnológico, capaz de transformar no solo la región, sino la economía nacional en su conjunto.

De “pacto mafioso” a un verdadero pacto por el crecimiento económico en el Perú

 En el Perú se habla hoy de un “pacto mafioso” en el Congreso, y la palabra genera rechazo inmediato. Sin embargo, es importante recordar que los pactos no son inherentemente negativos; son acuerdos entre actores políticos, sociales y económicos para alcanzar objetivos claros y compartidos. A lo largo de la historia, muchos países han usado pactos para promover desarrollo y estabilidad. En Venezuela, Brasil o incluso Argentina, los pactos sociales han permitido coordinar esfuerzos entre gobiernos, partidos, sindicatos y sociedad civil para avanzar en educación, empleo, inversión y bienestar general.

Lo que el Perú necesita no son acuerdos que sirvan a intereses personales de líderes políticos, sino un verdadero pacto por el crecimiento económico. Un acuerdo en el que todos los actores —gobierno, partidos, empresas, trabajadores y ciudadanía— coincidan en un objetivo nacional: impulsar el desarrollo sostenido del país. Porque el crecimiento económico no es un concepto abstracto; es la condición que permite financiar servicios públicos de calidad, infraestructura, educación, salud y proyectos productivos.

Un pacto de este tipo no solo mejora la economía, también fortalece la institucionalidad, fomenta la formalización, la innovación, la investigación y la competitividad internacional. Genera confianza en las normas y en las políticas públicas, y permite que la sociedad avance unida hacia objetivos compartidos.

Hoy, mientras se debate un supuesto pacto mafioso, queda claro que los peruanos necesitamos acuerdos que prioricen al país por encima de los intereses individuales. Necesitamos un pacto que canalice energías, talento y recursos hacia el crecimiento económico, porque solo así se puede construir un Perú más próspero, justo e inclusivo.

Continuidad y Tecnicismo: el nuevo gabinete apuesta por la técnica en tiempos de desafío

El Perú amaneció con un nuevo gabinete ministerial juramentado, pero no con un giro abrupto en la conducción del Estado. La principal señal política —y técnica— que deja la reciente designación es la continuidad. En un país marcado por la inestabilidad y los constantes cambios de ministros en los últimos años, la permanencia de varios titulares en sus carteras representa un mensaje claro: consolidar lo avanzado y evitar retrocesos innecesarios.

La decisión de mantener a diversos ministros no es menor. La administración pública requiere procesos, no sobresaltos. Las políticas públicas —especialmente en economía, educación, infraestructura y seguridad— demandan tiempo, seguimiento y coherencia. Cada cambio abrupto implica curvas de aprendizaje, ajustes de equipos y redefiniciones que muchas veces frenan los resultados. En ese contexto, la continuidad no es inmovilismo; es estabilidad para ejecutar.

Un segundo elemento relevante es la promoción interna. La ahora presidenta del Consejo de Ministros proviene del Ministerio de Economía, mientras que el nuevo titular de esa cartera fue hasta hace poco viceministro. No se trata de improvisaciones externas ni de cuotas políticas sin experiencia en gestión pública, sino de cuadros que ya conocen la estructura estatal, los equipos técnicos y los desafíos presupuestales. Este patrón se repite en otros sectores donde viceministros han asumido responsabilidades mayores.

Este tipo de ascensos transmite un aporte por la meritocracia. En un Estado eficiente, la experiencia acumulada y el conocimiento técnico deben ser activos fundamentales. Promover desde dentro no solo fortalece la institucionalidad, sino que envía un mensaje a la burocracia: el esfuerzo y la capacidad pueden tener recompensa. Es un incentivo correcto en una administración que necesita profesionalizarse cada vez más.

Además, el perfil general del gabinete apunta hacia lo técnico. En un escenario político fragmentado y polarizado, reducir la carga ideológica en la gestión cotidiana puede ser una estrategia pragmática. El país enfrenta desafíos estructurales que no admiten distracciones: crecimiento económico sostenido, lucha contra la pobreza, seguridad ciudadana, mejora de la calidad educativa y fortalecimiento de los servicios públicos.

Sin embargo, ningún gabinete —por más competente que sea— podrá alcanzar resultados si el entorno político y social continúa atrapado en la confrontación permanente. Las reformas necesarias para impulsar un crecimiento alto y sostenido no son de corto plazo ni dependen únicamente de decretos. Requieren acuerdos, estabilidad normativa y una visión compartida de futuro. La experiencia internacional demuestra que las transformaciones profundas se construyen con continuidad y disciplina, no con rupturas constantes.

El nuevo gabinete tiene, entonces, una doble tarea: demostrar que la técnica puede imponerse sobre la improvisación y recuperar la confianza ciudadana en la capacidad del Estado. Pero también el país en su conjunto enfrenta un desafío mayor: entender que el desarrollo no es responsabilidad exclusiva de los ministros, sino un esfuerzo colectivo que exige unidad en los objetivos fundamentales.

La renovación ya está en marcha. Ahora comienza la etapa decisiva: convertir la estabilidad y el perfil técnico en resultados concretos. Porque en el Perú de hoy, más que discursos, lo que se exige son logros

Menos ministerios, más Estado: la reforma urgente que el Perú necesita

 El Perú tiene hoy 18 ministerios sectoriales, además de la Presidencia del Consejo de Ministros. Diecinueve carteras en total para dirigir el país. La cifra, por sí sola, no dice mucho. Lo que sí dice mucho —y preocupa— es la distancia entre el tamaño del aparato estatal y los resultados que recibe la ciudadanía.

Más ministerios no han significado más seguridad. No han significado servicios públicos de calidad sostenida. No han significado un salto decisivo en productividad, industrialización o reducción estructural de la pobreza. El problema no es solo cuántos ministerios existen, sino cómo funcionan y bajo qué lógica se designan sus autoridades.

Durante años, las carteras ministeriales han sido utilizadas como espacios de negociación política. En demasiadas ocasiones, los altos cargos se han convertido en cuotas partidarias o recompensas electorales. Cuando eso ocurre, el ministerio deja de ser un centro técnico de gestión pública y pasa a ser un espacio de poder político. Y cuando el criterio político reemplaza al criterio profesional, los costos los paga el país entero.

Un Estado con demasiadas estructuras dispersas es más difícil de coordinar y más complicado de fiscalizar. Cada ministerio implica viceministerios, direcciones generales, oficinas administrativas, asesores, presupuestos propios. La fragmentación multiplica los puntos de decisión y diluye responsabilidades. Cuando algo falla, nadie responde con claridad.

Reducir el número de ministerios no es debilitar al Estado. Es concentrarlo, fortalecerlo y hacerlo más transparente. Un gabinete más compacto puede ser más coherente en sus políticas, más rápido en su ejecución y más fácil de supervisar. Menos compartimentos, más claridad. Menos dispersión, más dirección estratégica.

Pero la reforma estructural no basta sin un segundo pilar igual de importante: la meritocracia real. Los ministerios deben estar liderados por profesionales con experiencia, formación sólida y trayectoria comprobada. No por cercanía política, no por lealtad partidaria, no por compromisos electorales. La alta dirección pública debe ser un espacio técnico, no un botín.

La permanencia en el cargo debería depender exclusivamente de resultados medibles. Cada ministerio tendría que asumir metas públicas, con indicadores claros y comprensibles para todos: reducción efectiva del delito, crecimiento del empleo formal, disminución sostenida de la pobreza, mejora verificable en salud y educación, avances concretos en infraestructura e industrialización. Los objetivos deben ser específicos, cuantificables y evaluados periódicamente.

La ciudadanía tiene derecho a saber si un ministro cumple o no cumple. Y el gobierno tiene la obligación de actuar en consecuencia: ratificar a quienes alcanzan metas y reemplazar a quienes no lo hacen. Esa continuidad basada en resultados genera confianza, estabilidad y aprendizaje institucional. La rotación permanente por razones políticas solo genera improvisación.

El debate no es ideológico. Es práctico. El Perú necesita un Estado más eficiente, más técnico y más fiscalizable. Un Estado donde las decisiones no dependan del cálculo electoral sino del interés público. Donde los ministerios no sean trofeos de negociación, sino motores de políticas públicas sólidas.

Menos ministerios, mejor diseñados, con liderazgo meritocrático y metas claras pueden marcar la diferencia entre un aparato burocrático que administra inercias y un Estado que transforma realidades. La reforma no es cosmética. Es estructural. Y es urgente.

Porque al final, el ciudadano no mide al gobierno por la cantidad de ministerios que tiene, sino por los resultados que entrega.

A Propósito de la Designación de De Soto : Perú necesita certezas, la economía como base de la democracia

En un país golpeado por la inestabilidad política crónica, la designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros representa una señal que trasciende nombres propios: es una apuesta por la racionalidad económica en medio del ruido político.

El Perú lleva años atrapado en un ciclo de confrontaciones, cambios de gabinete y crisis institucionales que han erosionado la confianza. Y la confianza —conviene recordarlo— no es un concepto abstracto: es el insumo esencial de la inversión. Cuando el país transmite incertidumbre, la inversión se paraliza; cuando la inversión se paraliza, el crecimiento se debilita; y cuando el crecimiento se debilita, los más perjudicados son los que menos tienen.

En el debate público abundan voces que invocan la democracia, la igualdad o los derechos sociales, como si estos pudieran sostenerse en el vacío. Pero toda política social, todo programa contra la pobreza, toda estrategia para reducir la desigualdad, requiere recursos. Y los recursos no nacen de discursos ni de consignas: nacen del crecimiento económico, de la productividad, de la inversión privada y pública bien gestionada.

Hablar de democracia sin hablar de crecimiento es una falacia cómoda para quienes ya tienen cubiertas sus necesidades básicas. Desde posiciones privilegiadas, algunos opinólogos defienden un “status quo” que no sienten en carne propia. Pero en el Perú profundo, donde millones viven de la informalidad y del día a día, la estabilidad macroeconómica no es un tecnicismo: es la diferencia entre tener empleo o no tenerlo.

La incertidumbre es el impuesto más caro que paga un país. No se recauda en soles, pero se cobra en oportunidades perdidas. Cada proyecto de inversión que se posterga por dudas políticas es empleo que no se crea, es productividad que no avanza, es formalización que se retrasa. Y sin formalización, no hay base tributaria sólida; sin base tributaria, no hay políticas públicas sostenibles.

Por eso es relevante que un economista con trayectoria técnica asuma la conducción del gabinete. Más allá de simpatías o discrepancias, lo central es el mensaje: el Perú necesita menos improvisación y más profesionalismo; menos cálculo político de corto plazo y más visión estratégica de largo plazo.

El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, pero sí es la condición necesaria para casi todo lo demás. Permite financiar educación, salud, infraestructura y seguridad. Permite reducir la pobreza de manera sostenible. Permite que la democracia no sea solo un ritual electoral, sino un sistema que ofrece oportunidades reales.

La inversión —nacional y extranjera— observa señales. Observa si las reglas se respetan, si los contratos se honran, si la política entiende la lógica económica básica. Cuando percibe estabilidad y profesionalismo, responde positivamente. Cuando percibe confrontación y volatilidad, se repliega.

Hoy el Perú necesita enviar señales claras: respeto por la institucionalidad, defensa de los fundamentos macroeconómicos, impulso a la productividad y lucha frontal contra la informalidad. La presencia de técnicos serios en puestos clave es un paso en esa dirección.

No se trata de reemplazar la política por la tecnocracia, sino de entender que sin una base económica sólida, cualquier promesa política es frágil. La democracia florece cuando hay prosperidad compartida; y la prosperidad compartida exige crecimiento sostenido.

En tiempos de incertidumbre, apostar por la estabilidad y la racionalidad económica no es una opción ideológica: es una necesidad nacional.

Inestabilidad Política que Empobrece Invisiblemente

El Perú no está estancado. Pero está creciendo demasiado poco para desarrollarse. Un avance cercano al 3% anual puede sonar aceptable en el papel, pero es claramente insuficiente para cerrar brechas históricas de pobreza, informalidad, inseguridad y servicios públicos deficientes. Para transformar de verdad la estructura económica y social del país, el crecimiento debería acercarse al 7% sostenido durante años. Y eso no es posible con la actual inestabilidad política.

La inestabilidad no siempre se ve. No se mide en titulares diarios, sino en puntos porcentuales perdidos. Se refleja en inversiones postergadas, reformas inconclusas y proyectos paralizados. Cada crisis política, cada confrontación estéril, cada gobierno débil o con horizonte corto reduce la capacidad del Estado de planificar a largo plazo. El resultado es un país que avanza, pero demasiado lento.

El Perú tiene ventajas objetivas: población joven, espíritu emprendedor, abundantes recursos naturales, ubicación estratégica en el Pacífico y capacidad para atraer inversión privada y extranjera. Pero las ventajas no se convierten automáticamente en desarrollo. Requieren reglas claras, estabilidad institucional y políticas públicas coherentes en el tiempo.

El crecimiento económico sostenido no es producto del azar. Es consecuencia de reformas estructurales bien diseñadas, continuidad en las políticas y confianza en las instituciones. Cuando el escenario político es volátil, esa confianza se erosiona. El inversionista duda. El emprendedor se retrae. El Estado posterga decisiones. Y el país pierde dinamismo.

El costo de la inestabilidad es invisible pero profundo. Si el Perú creciera cuatro puntos porcentuales más cada año durante una década, el impacto acumulado en empleo, ingresos fiscales e inversión social sería enorme. Habría más recursos para educación de calidad, infraestructura moderna, seguridad ciudadana eficiente y reducción real de la pobreza. Sin crecimiento alto y sostenido, la redistribución es limitada y las políticas sociales se vuelven insuficientes.

Los países asiáticos que lograron transformar sus economías no lo hicieron con improvisación ni con ciclos permanentes de confrontación política. Lo hicieron con visión de largo plazo, estabilidad institucional y reformas consistentes durante décadas. El desarrollo exige disciplina política y consensos básicos sobre el rumbo económico.

En el Perú, en cambio, predomina una clase política fragmentada, con incentivos de corto plazo y prioridades particulares. La ausencia de una visión nacional compartida impide sostener reformas profundas en educación, mercado laboral, infraestructura, productividad e innovación. Cada gobierno empieza de cero o deshace lo anterior. Esa discontinuidad tiene un precio: menor crecimiento potencial.

Crecer al 3% puede mantener el statu quo. Pero no saca al país del subdesarrollo. No transforma la calidad de vida. No rompe el círculo de informalidad y precariedad. Para dar el salto hacia el desarrollo se necesita una economía dinámica y, detrás de ella, una política estable.

La estabilidad no significa ausencia de debate. Significa reglas claras, respeto institucional y continuidad en las políticas fundamentales. Significa priorizar el interés nacional por encima del interés particular. Significa entender que el crecimiento económico sostenido es la base del progreso social.

La inestabilidad política sí afecta la economía. La afecta silenciosamente, año tras año, reduciendo nuestro potencial. Y mientras no se construya una dirigencia con visión de largo plazo y compromiso con el desarrollo, el país seguirá creciendo menos de lo que podría y menos de lo que necesita.

El Perú tiene el potencial para despegar. Lo que falta no son recursos ni talento. Falta estabilidad y liderazgo. Sin eso, el desarrollo seguirá siendo una promesa postergada.

Más Congreso, Más Corrupción y Menos Desarrollo

El tamaño del Congreso de la República no es un asunto menor ni meramente administrativo. Es una decisión política que impacta directamente en el presupuesto público, en la calidad de la representación y, en última instancia, en el crecimiento económico del país. La reciente ampliación del número de congresistas —junto con el retorno a la bicameralidad— no corrige los problemas estructurales de nuestra democracia; por el contrario, corre el riesgo de profundizarlos.

Un Congreso más grande no es necesariamente un Congreso mejor. Las instituciones modernas no se fortalecen por acumulación de escaños, sino por eficiencia, profesionalismo y capacidad de fiscalización. Cuando el número de representantes aumenta sin que mejoren los estándares de selección, meritocracia y control interno, lo que se expande no es la calidad, sino la burocracia.

Cada congresista no solo implica un sueldo adicional. Supone equipos de asesores, gastos operativos, logística, seguridad, infraestructura y mayores recursos destinados a la franja electoral. En un país con brechas urgentes en educación, salud e infraestructura, cada sol debe ser evaluado con rigor. Incrementar el tamaño del Parlamento significa ampliar el gasto corriente del Estado, en vez de priorizar inversión productiva que impulse el crecimiento sostenido.

Además, la proliferación de escaños tiende a incentivar la fragmentación partidaria. Más curules abren más posibilidades para organizaciones improvisadas y candidaturas sin preparación suficiente. La experiencia reciente demuestra que muchos legisladores no cumplen con estándares mínimos de idoneidad, trayectoria o integridad. La ampliación del Congreso puede, en la práctica, facilitar el ingreso de más perfiles sin la formación técnica ni la ética necesarias para legislar y fiscalizar con responsabilidad.

Un Parlamento sobredimensionado también dificulta la fiscalización ciudadana. Mientras más numeroso y fragmentado es el cuerpo legislativo, más complejo resulta para la ciudadanía identificar responsabilidades, evaluar desempeño y exigir rendición de cuentas. La democracia no se fortalece con más nombres en la boleta, sino con mejores representantes y reglas más exigentes.

Si el objetivo nacional es reducir la pobreza y el subdesarrollo, el camino pasa por elevar sostenidamente el crecimiento económico. Y el crecimiento sostenible exige estabilidad institucional, reglas claras, políticas públicas técnicamente sólidas y un uso eficiente de los recursos. Un Congreso más grande, más costoso y más fragmentado puede generar mayor incertidumbre normativa, más conflictos políticos y menor previsibilidad para la inversión.

La tendencia debería ser otra: menos escaños, más exigencia; menos improvisación, más meritocracia; menos política entendida como beneficio individual, más vocación de servicio público. Los técnicos y asesores especializados pueden fortalecer la calidad legislativa sin necesidad de inflar el número de representantes. La profesionalización del aparato legislativo es más efectiva que su expansión.

En estas elecciones, los ciudadanos deben evaluar con memoria y criterio. Quienes promovieron el aumento del tamaño del Congreso deben rendir cuentas por esa decisión. No se trata de un debate abstracto, sino de prioridades nacionales: ¿más gasto político o más inversión productiva? ¿Más burocracia o más eficiencia? ¿Más fragmentación o más gobernabilidad?

El Perú necesita instituciones que impulsen el desarrollo, no que lo encarezcan. Un Estado eficiente es condición para un crecimiento alto y sostenido, capaz de generar recursos que luego puedan redistribuirse con justicia. Sin crecimiento, no hay redistribución posible; sin instituciones sólidas y responsables, no hay crecimiento sostenible.

Votar es también decidir el tamaño y la calidad del Estado que queremos. Un Congreso más grande no garantiza una democracia más fuerte. La fortaleza institucional se construye con capacidad, integridad y responsabilidad fiscal. Lo demás es costo.