Inestabilidad Política que Empobrece Invisiblemente

El Perú no está estancado. Pero está creciendo demasiado poco para desarrollarse. Un avance cercano al 3% anual puede sonar aceptable en el papel, pero es claramente insuficiente para cerrar brechas históricas de pobreza, informalidad, inseguridad y servicios públicos deficientes. Para transformar de verdad la estructura económica y social del país, el crecimiento debería acercarse al 7% sostenido durante años. Y eso no es posible con la actual inestabilidad política.

La inestabilidad no siempre se ve. No se mide en titulares diarios, sino en puntos porcentuales perdidos. Se refleja en inversiones postergadas, reformas inconclusas y proyectos paralizados. Cada crisis política, cada confrontación estéril, cada gobierno débil o con horizonte corto reduce la capacidad del Estado de planificar a largo plazo. El resultado es un país que avanza, pero demasiado lento.

El Perú tiene ventajas objetivas: población joven, espíritu emprendedor, abundantes recursos naturales, ubicación estratégica en el Pacífico y capacidad para atraer inversión privada y extranjera. Pero las ventajas no se convierten automáticamente en desarrollo. Requieren reglas claras, estabilidad institucional y políticas públicas coherentes en el tiempo.

El crecimiento económico sostenido no es producto del azar. Es consecuencia de reformas estructurales bien diseñadas, continuidad en las políticas y confianza en las instituciones. Cuando el escenario político es volátil, esa confianza se erosiona. El inversionista duda. El emprendedor se retrae. El Estado posterga decisiones. Y el país pierde dinamismo.

El costo de la inestabilidad es invisible pero profundo. Si el Perú creciera cuatro puntos porcentuales más cada año durante una década, el impacto acumulado en empleo, ingresos fiscales e inversión social sería enorme. Habría más recursos para educación de calidad, infraestructura moderna, seguridad ciudadana eficiente y reducción real de la pobreza. Sin crecimiento alto y sostenido, la redistribución es limitada y las políticas sociales se vuelven insuficientes.

Los países asiáticos que lograron transformar sus economías no lo hicieron con improvisación ni con ciclos permanentes de confrontación política. Lo hicieron con visión de largo plazo, estabilidad institucional y reformas consistentes durante décadas. El desarrollo exige disciplina política y consensos básicos sobre el rumbo económico.

En el Perú, en cambio, predomina una clase política fragmentada, con incentivos de corto plazo y prioridades particulares. La ausencia de una visión nacional compartida impide sostener reformas profundas en educación, mercado laboral, infraestructura, productividad e innovación. Cada gobierno empieza de cero o deshace lo anterior. Esa discontinuidad tiene un precio: menor crecimiento potencial.

Crecer al 3% puede mantener el statu quo. Pero no saca al país del subdesarrollo. No transforma la calidad de vida. No rompe el círculo de informalidad y precariedad. Para dar el salto hacia el desarrollo se necesita una economía dinámica y, detrás de ella, una política estable.

La estabilidad no significa ausencia de debate. Significa reglas claras, respeto institucional y continuidad en las políticas fundamentales. Significa priorizar el interés nacional por encima del interés particular. Significa entender que el crecimiento económico sostenido es la base del progreso social.

La inestabilidad política sí afecta la economía. La afecta silenciosamente, año tras año, reduciendo nuestro potencial. Y mientras no se construya una dirigencia con visión de largo plazo y compromiso con el desarrollo, el país seguirá creciendo menos de lo que podría y menos de lo que necesita.

El Perú tiene el potencial para despegar. Lo que falta no son recursos ni talento. Falta estabilidad y liderazgo. Sin eso, el desarrollo seguirá siendo una promesa postergada.

Más Congreso, Más Corrupción y Menos Desarrollo

El tamaño del Congreso de la República no es un asunto menor ni meramente administrativo. Es una decisión política que impacta directamente en el presupuesto público, en la calidad de la representación y, en última instancia, en el crecimiento económico del país. La reciente ampliación del número de congresistas —junto con el retorno a la bicameralidad— no corrige los problemas estructurales de nuestra democracia; por el contrario, corre el riesgo de profundizarlos.

Un Congreso más grande no es necesariamente un Congreso mejor. Las instituciones modernas no se fortalecen por acumulación de escaños, sino por eficiencia, profesionalismo y capacidad de fiscalización. Cuando el número de representantes aumenta sin que mejoren los estándares de selección, meritocracia y control interno, lo que se expande no es la calidad, sino la burocracia.

Cada congresista no solo implica un sueldo adicional. Supone equipos de asesores, gastos operativos, logística, seguridad, infraestructura y mayores recursos destinados a la franja electoral. En un país con brechas urgentes en educación, salud e infraestructura, cada sol debe ser evaluado con rigor. Incrementar el tamaño del Parlamento significa ampliar el gasto corriente del Estado, en vez de priorizar inversión productiva que impulse el crecimiento sostenido.

Además, la proliferación de escaños tiende a incentivar la fragmentación partidaria. Más curules abren más posibilidades para organizaciones improvisadas y candidaturas sin preparación suficiente. La experiencia reciente demuestra que muchos legisladores no cumplen con estándares mínimos de idoneidad, trayectoria o integridad. La ampliación del Congreso puede, en la práctica, facilitar el ingreso de más perfiles sin la formación técnica ni la ética necesarias para legislar y fiscalizar con responsabilidad.

Un Parlamento sobredimensionado también dificulta la fiscalización ciudadana. Mientras más numeroso y fragmentado es el cuerpo legislativo, más complejo resulta para la ciudadanía identificar responsabilidades, evaluar desempeño y exigir rendición de cuentas. La democracia no se fortalece con más nombres en la boleta, sino con mejores representantes y reglas más exigentes.

Si el objetivo nacional es reducir la pobreza y el subdesarrollo, el camino pasa por elevar sostenidamente el crecimiento económico. Y el crecimiento sostenible exige estabilidad institucional, reglas claras, políticas públicas técnicamente sólidas y un uso eficiente de los recursos. Un Congreso más grande, más costoso y más fragmentado puede generar mayor incertidumbre normativa, más conflictos políticos y menor previsibilidad para la inversión.

La tendencia debería ser otra: menos escaños, más exigencia; menos improvisación, más meritocracia; menos política entendida como beneficio individual, más vocación de servicio público. Los técnicos y asesores especializados pueden fortalecer la calidad legislativa sin necesidad de inflar el número de representantes. La profesionalización del aparato legislativo es más efectiva que su expansión.

En estas elecciones, los ciudadanos deben evaluar con memoria y criterio. Quienes promovieron el aumento del tamaño del Congreso deben rendir cuentas por esa decisión. No se trata de un debate abstracto, sino de prioridades nacionales: ¿más gasto político o más inversión productiva? ¿Más burocracia o más eficiencia? ¿Más fragmentación o más gobernabilidad?

El Perú necesita instituciones que impulsen el desarrollo, no que lo encarezcan. Un Estado eficiente es condición para un crecimiento alto y sostenido, capaz de generar recursos que luego puedan redistribuirse con justicia. Sin crecimiento, no hay redistribución posible; sin instituciones sólidas y responsables, no hay crecimiento sostenible.

Votar es también decidir el tamaño y la calidad del Estado que queremos. Un Congreso más grande no garantiza una democracia más fuerte. La fortaleza institucional se construye con capacidad, integridad y responsabilidad fiscal. Lo demás es costo.

No usar las reservas internacionales como excusa: la productividad es la solución

En los últimos meses, han surgido propuestas para utilizar las reservas internacionales del Perú como una especie de “bala mágica” para financiar infraestructura pública: viviendas, carreteras, colegios, hospitales. A primera vista, puede sonar atractivo: recursos disponibles, problemas urgentes. Pero esta idea es irresponsable y peligrosa.

Las reservas internacionales no son un fondo para cubrir deficiencias presupuestarias ni para compensar la ineficiencia de la administración pública. Su función principal es garantizar la estabilidad de la moneda, del tipo de cambio y del sistema financiero. Tocarlas para otros fines crea un espejismo de solución, mientras se profundizan los problemas estructurales del país.

La falta de infraestructura no se soluciona con dinero fácil, sino con gestión eficiente, planificación rigurosa y transparencia. Usar las reservas para financiar proyectos públicos no abordará los verdaderos obstáculos: la baja productividad, la corrupción, la burocracia ineficiente y la falta de capacidad de ejecución. De hecho, podría empeorarlos. Más recursos sin control aumentan las oportunidades de corrupción y desorden, dejando intacta la raíz del problema: un país que produce poco con los recursos que tiene.

El desafío real es aumentar la productividad del Perú, uno de los más bajos de América Latina. Esto implica invertir en capital humano, meritocracia, gestión eficiente y políticas públicas bien diseñadas. Solo así se generan recursos de manera sostenible, que luego puedan invertirse en infraestructura y servicios públicos de calidad.

Proponer atajos financieros sobre las reservas internacionales es fácil pero irresponsable. Exige poco pensamiento, poco esfuerzo y promete resultados inmediatos que nunca llegarán. Lo difícil, lo real y lo importante es mejorar la productividad y la eficiencia del país. Eso es lo que realmente puede cambiar la vida de los peruanos.

Antes de tocar las reservas, exijamos gestión, planificación y productividad. Ahí está la verdadera solución.

Los políticos no deben restar: el Perú necesita sumar para crecer al menos 7%

 El Perú tiene todo lo que se necesita para crecer, de verdad: gente trabajadora, recursos naturales abundantes, emprendedurismo dinámico, ubicación geográfica estratégica y un potencial enorme para atraer inversiones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Sin embargo, año tras año vemos cómo esas ventajas se disipan entre peleas, fragmentación política y corrupción enquistada en el poder.

No es un problema de capacidades materiales ni de falta de talento. El problema es cómo se usa —o se pierde— ese potencial. Porque en el corazón del desarrollo económico late una fuerza que nadie puede ignorar: la estabilidad política y la cooperación institucional. Cuando los políticos pelean entre sí, priorizan intereses partidarios o personales, o se dedican a disputas que no llevan a nada, la economía pierde. El crecimiento no espera, y el capital tampoco.

La evidencia es clara: la polarización política y la corrupción son enemigas visibles del crecimiento económico. Cada vez que el país se divide, cada vez que los acuerdos se rompen y las decisiones se postergan, la inversión se retrae, la confianza de los empresarios se debilita y la economía se encoge. No porque el Perú carezca de recursos, sino porque la política resta donde debería sumar.

Un país con los ingredientes del Perú debería aspirar a crecer sostenidamente al menos 7% anual. Eso no es una exageración; es una mínima ambición razonable si se aprovecha lo que ya se tiene. Pero no bastan las buenas intenciones: se necesita un clima político que favorezca la eficiencia del Estado, la rapidez en la toma de decisiones y la capacidad de impulsar proyectos que generen empleo y movilidad social.

La realidad nos golpea con cifras y con historias: empresas que frenan inversiones por incertidumbre regulatoria, jóvenes talentosos que emigran por falta de oportunidades, obras que se detienen por cambios de gobierno o por disputas entre autoridades. No es solo un problema económico: es un problema de voluntad política, de prioridades, de visión de país.

No podemos seguir aceptando que la política sea sinónimo de suma cero, donde uno gana y otro tiene que perder. En un país como el nuestro, la política debería ser el gran sumador. Sumar acuerdos, sumar estabilidad, sumar consensos mínimos que permitan avanzar. Sumar eficiencia burocrática para que los trámites no sean un obstáculo, sino un puente hacia la inversión y la creación de empleo.

El Perú no necesita líderes que solo piensen en sus cuotas de poder ni en sus diferencias ideológicas. Necesita decisiones que unan, que proyecten y que construyan. Necesita una política que entienda que el crecimiento económico no es un capricho, sino una herramienta de justicia social, de oportunidades para todos.

Porque si algo ha demostrado la historia y lo sigue demostrando la realidad, es que los países que crecen no son los que dividen, sino los que suman, los que coordinan esfuerzos, los que ponen al servicio de la gente una gobernabilidad sólida. El Perú tiene todo para ello. Solo falta que su política entienda que sumar es la única forma de crecer —y de hacerlo al ritmo que nuestra gente y nuestra gente merecen: 7%, y más allá.

La fragmentación política en el Perú y su impacto en el desarrollo

Perú atraviesa una crisis política estructural marcada por la existencia de más de 30 partidos, un fenómeno que no solo refleja diversidad, sino también un problema de fondo: la corrupción institucionalizada desde los propios partidos. La corrupción comienza en el momento en que los partidos seleccionan a sus candidatos y se organizan para la campaña nacional. Allí, la prioridad no es el interés del país, sino la apropiación de los más altos cargos del Estado y de sus recursos, con fines personales.

Esta lógica individualista genera un sistema donde los consensos se vuelven imposibles. Cada partido busca “su negocio”, privatizando decisiones que deberían estar orientadas al interés nacional. Así, la planificación del desarrollo económico y social queda subordinada a los intereses de pocos, mientras las necesidades de la población quedan relegadas.

El interés nacional debería centrarse en pilares claros: inversión pública en infraestructura y educación, lucha efectiva contra la corrupción, eficiencia en los servicios públicos, reducción de la burocracia, crecimiento económico sostenido y generación de empleo formal. Sin embargo, estos objetivos quedan en segundo plano frente al reparto político de ministerios y recursos.

Perú tiene fortalezas innegables: abundantes recursos naturales, inversiones extranjeras, proyectos estratégicos y una población trabajadora y emprendedora. Pero estas ventajas se desperdician cuando la política se orienta al beneficio individual. La experiencia de los países del Este Asiático y, más recientemente, de China, demuestra que el desarrollo requiere disciplina institucional, visión de largo plazo y un compromiso colectivo con la mejora de la calidad de vida de la población.

La fragmentación política y la competencia por los recursos dentro de los partidos reducen la capacidad del país de generar crecimiento económico sostenido y limitar las posibilidades de desarrollo humano. Mientras persista esta cultura política centrada en el interés personal, Perú seguirá desaprovechando sus oportunidades y sus enormes potencialidades.

Es hora de que la política deje de ser un negocio privado y comience a servir al país, al desarrollo, y a la población que tiene las ganas y la capacidad para construirlo.

Perú vota sin brújula económica

La reciente elección en el Congreso no es un hecho aislado: es un síntoma más de una política que ha perdido el norte. En un país que crece poco, que arrastra años de inestabilidad y que necesita inversión urgente para generar empleo, la señal enviada al mercado y a la ciudadanía vuelve a ser la misma: incertidumbre.

Cuando el liderazgo institucional se define no por experiencia, capacidad de gestión o credibilidad ante los agentes económicos, sino por cálculos internos, alianzas coyunturales o repartos de poder, el mensaje es devastador. Las empresas —nacionales y extranjeras— no invierten donde no hay previsibilidad. Y el Perú hoy ofrece exactamente lo contrario: fragmentación, confrontación y sospecha permanente.

No se trata de personas, sino de incentivos. El problema no es un nombre propio, sino un sistema político donde la negociación de cargos pesa más que la construcción de estabilidad, donde la popularidad momentánea pesa más que la trayectoria, y donde el cálculo de corto plazo desplaza cualquier visión de desarrollo.

El resultado es un país atrapado en un círculo vicioso: bajo crecimiento, mayor frustración social, mayor polarización y decisiones políticas cada vez menos orientadas al interés nacional.

La democracia no fracasa por exceso de debate, sino por ausencia de responsabilidad. Elegir autoridades debería significar elegir certidumbre, gobernabilidad y reglas claras. Mientras la política siga priorizando la revancha, la desconfianza y la lógica de facciones, el crecimiento seguirá siendo insuficiente y el empleo formal seguirá siendo escaso.

La verdadera reforma pendiente no es solo institucional; es cultural. Necesitamos una política que compita por propuestas, no por cuotas; que busque estabilidad, no aplausos; que entienda que sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay paz social.

El Perú no puede darse el lujo de seguir votando sin brújula económica.

El crecimiento económico como prioridad en el Perú: más allá de la polarización política

En el Perú, el debate político reciente ha estado marcado por discursos polarizados y preocupaciones sobre la ideología de los grupos gobernantes, en lugar de centrarse en la necesidad urgente de un crecimiento económico sostenido y legal, libre de corrupción. El nuevo presidente, proveniente de un sector identificado como de izquierda, ha generado expectativas y temores entre distintos sectores de la sociedad, pero en su discurso inaugural y en las primeras opiniones de los analistas, el tema del crecimiento económico apenas se mencionó. Esta ausencia es preocupante, porque sin un crecimiento real y sostenido, el país enfrenta serias dificultades para atender problemas estructurales como el empleo formal, la reducción de la pobreza y la desigualdad, y garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales.

El Perú ha mostrado en los últimos años un crecimiento económico insuficiente frente a sus desafíos sociales y estructurales. Esta realidad hace evidente que se requiere una política enfocada en atraer inversión extranjera, estimular la inversión privada, y garantizar que la inversión pública cumpla un rol estratégico en infraestructura, conectividad y modernización del Estado. No obstante, el éxito de estas medidas está íntimamente ligado a la eficiencia del aparato burocrático y la lucha contra la corrupción. La corrupción no solo reduce la efectividad de los recursos públicos, sino que también representa un freno directo al crecimiento sostenible: los proyectos se retrasan, los costos aumentan y se disuade la inversión.

La economía no puede depender únicamente de políticas de corto plazo ni de la retórica ideológica. Un país necesita crecimiento económico real para generar empleos de calidad, fortalecer el mercado interno, y sostener los programas sociales que permiten reducir desigualdades. La unidad nacional en torno a políticas de crecimiento es más urgente que nunca, especialmente en un contexto de polarización política donde el debate se centra en posiciones partidarias más que en soluciones concretas.

Por ello, cualquier estrategia de gobierno debe reconocer que el crecimiento económico legal, transparente y sostenido es el motor que permite a los peruanos mejorar su calidad de vida. Esto implica priorizar la inversión, agilizar la burocracia, asegurar la transparencia de los procesos públicos y fomentar un clima de confianza para inversionistas. Solo así se puede transformar el potencial del Perú en resultados tangibles para su población. Ignorar esta realidad, o postergar la discusión sobre crecimiento, es poner en riesgo el limitado progreso alcanzado y comprometer la capacidad del país para enfrentar sus desafíos sociales y económicos.

Ciertamente, la política peruana debe ir más allá de la polarización y la confrontación ideológica, y centrarse en lo esencial: hacer crecer la economía de manera sostenible, legal y transparente. El futuro del país depende menos de debates sobre etiquetas políticas y más de decisiones que impulsen el desarrollo económico real, combatan la corrupción y fortalezcan la inversión en todos los sectores estratégicos.