Keiko Fujimori y el populismo oportunista, sin productividad

El Perú no necesita presidentes que busquen aplausos con decisiones fáciles, sino líderes capaces de elevar la productividad, reducir los costos de producir y construir las instituciones que hacen prósperos a los países.

Subir el sueldo mínimo es una decisión políticamente atractiva. Permite anunciar que los trabajadores ganarán más y proyectar una imagen de preocupación por los sectores populares. Sin embargo, detrás de ese anuncio hay una pregunta fundamental que el Gobierno debería responder: ¿está haciendo algo para que la economía peruana produzca más riqueza o simplemente está intentando obtener réditos políticos mediante una decisión de efecto inmediato?

Si Keiko Fujimori apuesta por aumentar el salario mínimo sin una estrategia seria para elevar la productividad, estará eligiendo el camino más fácil: el del populismo salarial.

El Gobierno anuncia, pero las empresas pagan. Hay una realidad elemental que no debe perderse de vista: el salario mínimo lo pagan los empleadores, no la presidenta con su propio dinero.

Son las empresas, los pequeños negocios, los emprendedores y los establecimientos que apenas comienzan a operar los que deben asumir el costo de contratar trabajadores. El Estado establece la remuneración mínima legal, pero no financia directamente cada incremento salarial del sector privado.

Esto no significa que aumentar el salario mínimo sea siempre una mala decisión. Significa que sus consecuencias deben analizarse con responsabilidad económica.

Una empresa grande puede tener márgenes suficientes para absorber un aumento. Una pequeña empresa con ventas reducidas, baja productividad y costos elevados puede encontrarse en una situación muy distinta.

Cuando la remuneración mínima aumenta por encima de la capacidad de pago de determinados negocios, estos pueden responder elevando sus precios, reduciendo contrataciones, recortando horas de trabajo o, en algunos casos, trasladándose a la informalidad. El resultado depende de las condiciones del mercado laboral y de la magnitud del incremento.

Por eso, anunciar un aumento salarial sin explicar cómo se elevará la productividad de las empresas y de los trabajadores es presentar una solución incompleta a un problema mucho más profundo.

Una receta populista que atraviesa las ideologías. El populismo económico no pertenece exclusivamente a la izquierda ni a la derecha. Puede adoptar diferentes discursos, pero suele compartir una característica: privilegiar las medidas políticamente atractivas e inmediatas frente a las reformas estructurales que requieren tiempo, conocimiento técnico y capacidad de gestión.

En el Perú, la competencia política ha convertido muchas veces las decisiones económicas en instrumentos para conquistar respaldo popular. En un país fragmentado ideológicamente, donde la izquierda y la derecha disputan permanentemente la interpretación de los problemas nacionales, ningún sector está libre de caer en esa tentación.

Por eso, si Keiko Fujimori recurre al aumento del salario mínimo como principal respuesta a las dificultades económicas de los trabajadores, su decisión merece una crítica firme. Una propuesta no se vuelve responsable simplemente porque la presente una dirigente de derecha, del mismo modo que no se vuelve correcta por provenir de la izquierda.

La pregunta no es quién anuncia el aumento ni quién obtiene los aplausos. La pregunta es si la medida mejora de manera sostenible el bienestar de los trabajadores y si forma parte de una política económica capaz de generar empleos formales y elevar los ingresos reales.

El populismo consiste en vender como solución definitiva una medida que, por sí sola, no resuelve las causas del problema. La verdadera tarea de un presidente: elevar la productividad

Los países que han alcanzado altos niveles de desarrollo no lo han conseguido únicamente mediante decisiones administrativas sobre los salarios. Su prosperidad se sustenta, entre otros factores, en décadas de inversión, acumulación de capital humano, innovación, infraestructura e instituciones eficaces.

La productividad significa que una persona, una empresa o una economía puede producir más valor con una determinada cantidad de trabajo y recursos. Cuando aumenta, se amplía la capacidad de generar riqueza y de sostener mejores remuneraciones.

¿Cómo puede el Estado contribuir a ese proceso? Primero, mediante infraestructura de calidad. Mejores carreteras, puertos, redes eléctricas, telecomunicaciones y sistemas logísticos reducen los costos de transportar mercancías, acceder a los mercados y desarrollar actividades productivas.

Segundo, mediante una educación pertinente. Una población con mejores conocimientos y capacidades puede utilizar tecnologías más avanzadas, innovar y desempeñar trabajos de mayor valor agregado. Esto exige una educación básica sólida, formación técnica y universidades capaces de responder a las necesidades del país.

Tercero, mediante mejores servicios de salud. Una población saludable puede desarrollar sus capacidades, participar de manera más efectiva en el mercado laboral y sostener su productividad a lo largo del tiempo.

Cuarto, mediante instituciones confiables. Un sistema de justicia que haga cumplir los contratos, una administración pública que reduzca trámites innecesarios y una lucha efectiva contra la corrupción permiten disminuir los costos de transacción y la incertidumbre que enfrentan quienes desean invertir.

Quinto, mediante competencia, innovación y acceso al financiamiento. Las empresas necesitan condiciones que les permitan modernizar sus equipos, incorporar tecnología, capacitar a sus trabajadores y competir en mercados más amplios. Una economía que protege privilegios y dificulta la entrada de nuevos competidores desperdicia oportunidades de crecimiento.

Estas no son reformas que produzcan resultados espectaculares de la noche a la mañana. Precisamente por eso requieren liderazgo político: sus beneficios pueden ser mayores y más duraderos que los de una medida concebida principalmente para obtener reconocimiento inmediato.

Los salarios sostenibles se construyen creando riqueza. Existe una relación fundamental entre productividad y remuneraciones. A largo plazo, el crecimiento sostenido de la productividad laboral permite que los salarios reales aumenten sin generar las mismas presiones sobre los costos que produciría un incremento salarial desconectado de la capacidad productiva.

Esto no significa que los salarios deban quedar exclusivamente a merced del mercado ni que el Estado deba renunciar a establecer una remuneración mínima. El salario mínimo puede cumplir una función de protección para los trabajadores, especialmente cuando existe escaso poder de negociación.

Sin embargo, su fijación debe considerar la inflación, la evolución de la productividad, el empleo formal, la situación de las pequeñas empresas y las condiciones del mercado laboral. El objetivo debe ser mejorar los ingresos sin cerrar innecesariamente las puertas del empleo formal a quienes tienen menos oportunidades.

Una política salarial responsable, por tanto, no consiste en elegir entre proteger a los trabajadores o proteger a las empresas. Consiste en construir una economía en la que las empresas puedan ser productivas, contratar formalmente y pagar mejores remuneraciones, mientras los trabajadores reciben una parte adecuada del valor que contribuyen a generar.

Cuando aumenta la productividad, gana toda la sociedad. El aumento de la productividad ofrece beneficios que van mucho más allá del salario.

Si las empresas producen con mayor eficiencia, pueden reducir sus costos unitarios, ampliar su oferta, invertir y competir mejor. En determinadas condiciones, una parte de esas ganancias puede trasladarse a los consumidores mediante precios más bajos. Cuando la competencia funciona y las mejoras se sostienen, los hogares pueden adquirir más bienes y servicios con sus ingresos.

Así, incluso una persona cuyo salario nominal no haya aumentado puede mejorar su poder adquisitivo si los precios que paga disminuyen en relación con sus ingresos.

Al mismo tiempo, una economía más productiva y formal puede ampliar la base tributaria y proporcionar al Estado más recursos para financiar infraestructura, educación, salud, seguridad y programas sociales bien diseñados.

Esos recursos también permiten desarrollar políticas que reduzcan la pobreza y mejoren las oportunidades de quienes nacen en hogares desfavorecidos.

Naturalmente, estos beneficios no aparecen de manera automática ni se distribuyen por igual. Dependen de la competencia, las instituciones, las políticas públicas y de que las ganancias de productividad se traduzcan efectivamente en mejores condiciones de vida.

Pero esa es precisamente la diferencia entre una estrategia de desarrollo y un simple anuncio salarial: la primera busca ampliar de forma duradera las posibilidades económicas de la sociedad; el segundo puede quedarse en una medida aislada. El Perú necesita una estrategia de desarrollo, no una competencia de anuncios

El país tiene problemas estructurales que ningún incremento del salario mínimo puede resolver por sí solo: informalidad laboral, baja productividad en amplios sectores, deficiencias educativas, infraestructura insuficiente, inseguridad, corrupción y servicios públicos de calidad desigual.

Enfrentar esos problemas exige políticas consistentes, inversión pública bien ejecutada, condiciones favorables para la inversión privada y una administración estatal capaz de convertir los recursos en resultados concretos.

El Gobierno debería explicar qué hará para que las pequeñas empresas sean más productivas, para que los trabajadores accedan a mejores empleos, para que la educación responda a las necesidades de una economía moderna y para que la corrupción deje de encarecer la actividad empresarial.

También debería establecer objetivos verificables: cuánto pretende elevar la productividad, cómo reducirá la informalidad, qué mejoras alcanzará en infraestructura y qué mecanismos utilizará para evaluar los resultados.

Eso permitiría juzgar al Gobierno por sus logros y no únicamente por sus anuncios. Es decir, gobernar es crear las condiciones para la prosperidad

Si Keiko Fujimori pretende demostrar que puede conducir al Perú hacia el desarrollo, no basta con anunciar un aumento del salario mínimo. Debe presentar una estrategia económica que explique cómo se generarán empleos formales, cómo crecerá la productividad y cómo se elevarán de manera sostenible los ingresos reales de la población.

Criticar el populismo salarial no significa oponerse a que los trabajadores ganen más. Significa exigir que las mejoras salariales sean compatibles con una economía capaz de sostenerlas y que la protección laboral forme parte de una política de desarrollo más amplia.

El Perú necesita trabajadores mejor remunerados, empresas competitivas, emprendedores capaces de crecer, instituciones confiables y servicios públicos que funcionen. Para conseguirlo, el Estado debe cumplir su responsabilidad de construir las condiciones que permitan a la sociedad producir más y vivir mejor.

Un presidente no hace más rico a un país simplemente porque ordena que se pague más. Contribuye a hacerlo más rico cuando consigue que sus ciudadanos, trabajadores y empresas tengan las condiciones para producir más valor, innovar, invertir y prosperar.

Ese es el desafío que debería asumir cualquier Gobierno que aspire a desarrollar el Perú. Y esa es también la exigencia que debemos plantear a Keiko Fujimori: menos política de anuncios y más resultados económicos verificables.

Otra vez no juraron por el Perú: el Senado y el país que aún vive de caudillos

La reciente juramentación de los senadores dejó una imagen que trasciende el protocolo. Varios parlamentarios dedicaron su juramento a líderes políticos, figuras históricas o causas ideológicas. Unos invocaron a Alberto Fujimori; otros, a Pedro Castillo. Cada uno expresó sus propias lealtades. Sin embargo, la escena plantea una pregunta incómoda: ¿cuántos juraron, simplemente, por el Perú?

El problema no es la libertad de expresión de los congresistas. El problema es el símbolo. Cuando la lealtad principal se deposita en una persona antes que en la nación, el mensaje es que el proyecto colectivo sigue subordinado al caudillo. Esa lógica ha acompañado al Perú durante gran parte de su historia republicana.

Existe una interpretación histórica, atribuida por diversos autores a observadores chilenos tras la Guerra del Pacífico, según la cual los peruanos combatían divididos por sus líderes políticos más que unidos por una causa nacional. Más allá de que esa afirmación deba entenderse en su contexto histórico y no como una verdad absoluta, refleja una percepción que sigue siendo inquietante: un país donde las identidades personales o faccionales pesan más que el interés nacional.

Han pasado más de cien años y la escena parece repetirse. Hoy ya no se libra una guerra en los campos de batalla, pero el Perú continúa perdiendo otras guerras: contra la pobreza, la corrupción, la informalidad, el atraso tecnológico y la debilidad institucional. No porque falten recursos o talento, sino porque con demasiada frecuencia el debate público gira alrededor de personas antes que de políticas de Estado.

Mientras una parte del país idolatra a Fujimori y otra a Castillo, el verdadero derrotado sigue siendo el Perú. La polarización convierte a los ciudadanos en hinchas y reduce la política a un enfrentamiento de bandos. En ese ambiente, las instituciones se debilitan y los problemas estructurales permanecen intactos.

Los países que lograron transformaciones profundas construyeron consensos nacionales que sobrevivieron a sus líderes. El desarrollo no depende de un caudillo providencial, sino de instituciones sólidas, educación, innovación y una visión compartida de futuro.

La juramentación del Senado debería servir como una llamada de atención. El verdadero compromiso de un representante no debería comenzar ni terminar en un apellido. Debería comenzar con el Perú.

La pregunta que deja esta ceremonia es sencilla, pero decisiva: si nuestros representantes juran primero por sus líderes, ¿quién está jurando por la nación?

Quizá el mayor cambio que necesita el Perú no sea una nueva Constitución, un nuevo partido o un nuevo caudillo. Quizá el cambio más profundo sea cultural: dejar de seguir personas y empezar a construir un proyecto nacional que esté por encima de cualquier líder político. Solo entonces el país podrá librar, con posibilidades reales de éxito, las guerras que aún tiene pendientes.

Nearshoring, friendshoring y el nuevo gobierno del Perú: oportunidad industrial y tecnológica

El nuevo escenario internacional abre una oportunidad histórica para el Perú. La competencia entre Estados Unidos y China, la reorganización de las cadenas globales de producción y las estrategias de nearshoring y friendshoring están llevando a muchas empresas internacionales a buscar nuevos países donde invertir, producir y reducir riesgos. El reto del Perú es convertir esta coyuntura en una nueva etapa de industrialización basada en inversión, tecnología y mayor valor agregado.

Un gobierno favorable a la inversión extranjera puede convertirse en un factor decisivo. La inversión extranjera directa no solo aporta capital; también trae tecnología, conocimiento empresarial, estándares internacionales, productividad y conexión con los mercados globales. La experiencia de países como México, Vietnam, Malasia e Indonesia demuestra que la llegada de grandes empresas puede transformar la estructura productiva de una economía.

La gran apuesta estratégica del Perú debe ser la creación de polos industriales modernos, especialmente la Zona Económica Especial Privada de Ancón, ubicada en un punto estratégico entre los puertos del Callao y Chancay. Esta zona puede convertirse en una plataforma para atraer empresas de clase mundial de sectores como manufactura avanzada, electrónica, logística, tecnología, autopartes, energía y servicios globales.

Sin embargo, el objetivo no debe ser únicamente atraer empresas extranjeras, sino generar encadenamientos productivos con empresas peruanas. Las compañías nacionales deben integrarse a estas cadenas globales como proveedoras de bienes, servicios, componentes e innovación. El desafío es pasar de exportar materias primas a producir bienes con mayor valor agregado.

Un ejemplo clave es el cobre. Perú es uno de los mayores productores mundiales, pero puede avanzar hacia una nueva etapa: desarrollar productos derivados como cables eléctricos, componentes para energías renovables, equipos industriales y manufacturas vinculadas a la electrificación mundial. La minería puede convertirse en la base de una industria tecnológica nacional.

Los casos de México y Vietnam muestran caminos diferentes. México ha aprovechado el nearshoring por su cercanía con Estados Unidos y ha desarrollado industrias automotrices, electrónicas y manufactureras. Vietnam, en cambio, representa un modelo más cercano al friendshoring y la estrategia China + 1: empresas como Samsung, Apple (a través de sus proveedores), compañías coreanas, japonesas y chinas instalaron operaciones productivas, convirtiendo al país en un importante centro manufacturero y tecnológico. Empresas vietnamitas como Viettel muestran cómo la inversión extranjera puede ayudar a crear capacidades nacionales.

Perú puede aprender de estas experiencias. La Zona Económica Especial de Ancón debe buscar atraer empresas líderes mundiales, pero también impulsar empresas peruanas capaces de crecer alrededor de ellas. El objetivo debe ser crear un ecosistema donde compañías extranjeras, empresas nacionales, universidades y Estado trabajen juntos.

El desarrollo también debe ser regional. En el norte del país existe potencial para impulsar biotecnología agrícola, semillas mejoradas, agroindustria avanzada y energías renovables como la eólica. En el sur, la riqueza minera puede convertirse en una plataforma para desarrollar fundición moderna, transformación del cobre y manufactura industrial vinculada a los minerales estratégicos.

La infraestructura será fundamental. El puerto de Chancay puede convertirse en una puerta de conexión con Asia, pero necesita integrarse con corredores logísticos nacionales y proyectos como el tren bioceánico hacia Brasil, que permitiría ampliar el mercado y conectar al Perú con Sudamérica. Las empresas internacionales buscan no solo recursos, sino también mercados, infraestructura y condiciones competitivas.

Para lograrlo, se necesitan varios actores trabajando coordinadamente. El Estado debe garantizar infraestructura pública, seguridad ciudadana, estabilidad jurídica, cumplimiento de contratos, servicios básicos eficientes y un gobierno digital moderno. Las universidades deben formar capital humano especializado en ingeniería, tecnología, ciencia y gestión empresarial. Las empresas deben invertir, innovar y desarrollar proveedores nacionales.

La experiencia internacional demuestra que construir empresas competitivas toma tiempo. Muchas compañías tecnológicas e industriales requieren alrededor de una década para consolidarse. Por eso, la estrategia debe ser de largo plazo y contar con políticas estables que permitan acelerar el aprendizaje productivo.

El Perú tiene recursos naturales, ubicación estratégica en el Pacífico, talento humano y una oportunidad internacional única. La meta debe ser clara: atraer empresas de alta tecnología, crear industrias nacionales competitivas y transformar las ventajas naturales del país en productos, empleo calificado y desarrollo económico. 

El desafío del nuevo gobierno será convertir la oportunidad del nearshoring y el friendshoring en una verdadera política de industrialización moderna.

Perú aumenta 73.5% la IED y alcanza el cuarto puesto en la región

Perú registró un incremento de 73.5% en la inversión extranjera directa (IED), el mayor crecimiento de toda América Latina en el último periodo analizado, lo que le permitió ubicarse en el cuarto lugar entre los principales destinos de capital en la región.

Este resultado marca un punto de inflexión positivo para la economía peruana, que venía de años de desempeño más débil en la captación de inversiones debido a episodios de inestabilidad política y menor confianza empresarial. El nivel actual de IED supera nuevamente el umbral de los US$ 11.000 millones, considerado por analistas como un rango más cercano al “estado natural” de atracción de capital del país en condiciones de estabilidad macroeconómica.

El repunte contrasta con el comportamiento reciente, cuando tras un pico de recuperación en 2022, los flujos de inversión tendieron a desacelerarse. El nuevo crecimiento sugiere una mejora en las expectativas de los inversionistas internacionales, especialmente en sectores vinculados a recursos naturales, infraestructura y servicios.

Sin embargo, el desafío no es solo atraer capital, sino transformarlo en desarrollo productivo sostenido. Una parte significativa de la inversión reciente proviene de economías asiáticas, lo que abre una oportunidad clave para avanzar hacia la transferencia tecnológica, la articulación con empresas locales y el fortalecimiento de las cadenas de valor nacionales.

El reto central para el país es evitar que este flujo de capital se concentre únicamente en actividades extractivas. En cambio, se busca que impulse la modernización económica mediante infraestructura pública, mejora del capital humano, fortalecimiento de la salud y educación, y la expansión de la productividad en sectores no tradicionales.

Experiencias de economías asiáticas muestran que la inversión extranjera puede convertirse en un motor de desarrollo sostenido cuando se integra con políticas industriales activas, innovación tecnológica y planificación estatal eficiente. En ese sentido, el desafío peruano es consolidar un entorno de estabilidad que permita que la inversión privada, pública y extranjera se traduzca en mayor valor agregado, empleo formal y crecimiento de largo plazo.

La recuperación de la inversión extranjera directa es, por tanto, una señal positiva, pero su verdadero impacto dependerá de la capacidad del país para convertir este ciclo en una estrategia sostenida de desarrollo económico, innovación y diversificación productiva.

Del campo a la ciudad y del país al extranjero: una nueva estrategia de desarrollo para el Perú

A propósito del reciente proceso electoral en el Perú, se vuelve a discutir qué tipo de modelo de desarrollo necesita el país. Más allá de los resultados, lo relevante es identificar qué propuestas se alinean mejor con la estructura real del Perú: una sociedad cada vez más urbana y profundamente conectada con el extranjero.

Una de las ideas centrales del desarrollo económico es la migración del campo a la ciudad. Este proceso ha sido clave en la reducción de la pobreza en distintos países, porque las ciudades concentran empleo, servicios públicos, educación e infraestructura. Cuando esta migración es ordenada, permite mejorar la productividad y ampliar las oportunidades.

China representa un caso emblemático de esta transformación. Tras la consolidación del Estado bajo el liderazgo de y las reformas posteriores impulsadas por , se produjo una urbanización masiva que integró a millones de personas al sector industrial urbano, reduciendo significativamente la pobreza y reconfigurando la estructura económica del país.

Sin embargo, este proceso solo es exitoso cuando se gestiona de manera planificada. La urbanización desordenada puede generar informalidad, precariedad y desigualdad urbana, problemas aún presentes en varios países de América Latina, incluido el Perú.

El segundo eje es la movilidad internacional del capital humano. Países como han demostrado que la formación en el extranjero permite incorporar conocimiento, tecnología y capacidades que luego se traducen en desarrollo interno. China también ha seguido esta estrategia, combinando expansión educativa interna con formación internacional y retorno de talento.

En este contexto, el proceso electoral reciente en el Perú ha evidenciado con mayor claridad la importancia del voto urbano, del voto rural y de la participación de los peruanos en el exterior en la configuración de las preferencias nacionales. Esta dinámica refleja la diversidad estructural del país y la necesidad de que todas estas dimensiones sean integradas en el diseño de políticas públicas y en la orientación del desarrollo económico.

Desde esta perspectiva, las estrategias de desarrollo más consistentes son aquellas que fortalecen una urbanización ordenada —con mejores servicios, vivienda y empleo— y que, simultáneamente, promueven la formación internacional de jóvenes peruanos con capacidad de retorno e integración al sistema productivo.

El actual proceso electoral ha puesto en evidencia una tendencia hacia propuestas más modernas en el debate público, caracterizadas por mayor apertura económica, énfasis en la estabilidad macroeconómica, respeto a los contratos y fortalecimiento de la confianza para la inversión. 

En ese sentido, el voto urbano, el voto rural y la participación de los peruanos en el exterior deben entenderse como partes complementarias de un mismo proceso nacional, y seguir siendo motores integrados del desarrollo del Perú, orientado hacia un crecimiento sostenido, articulado e inclusivo.

Mi odio personal

En toda sociedad democrática existen diferencias políticas, ideológicas y personales. Es natural que las personas tengan preferencias, críticas o desacuerdos respecto a líderes, partidos o autoridades. Sin embargo, surge un problema cuando el odio hacia una persona se convierte en el principal motor de la acción política.

Muchas personas dedican sus esfuerzos a construir una familia, desarrollar una profesión, emprender un negocio o contribuir al progreso de su comunidad. Otras, en cambio, terminan concentrando gran parte de su energía en la confrontación permanente y en la animadversión hacia determinados personajes políticos. Cuando el odio se convierte en el centro de la vida pública, los problemas reales del país pasan a un segundo plano.

El Perú enfrenta desafíos mucho más importantes que las rivalidades personales. Necesita más inversión para generar empleo, instituciones sólidas para garantizar estabilidad, una educación de calidad para formar ciudadanos y un Estado capaz de brindar servicios eficientes. La discusión política debería concentrarse en cómo alcanzar estos objetivos y no en alimentar resentimientos.

La historia peruana demuestra que este fenómeno no es nuevo. Distintas generaciones han desarrollado sentimientos de rechazo hacia diversas figuras políticas. Lo preocupante es que, independientemente de quién sea el objetivo, la lógica sigue siendo la misma: definir la política por el rechazo a una persona antes que por propuestas para el país.

Una democracia madura requiere ciudadanos capaces de evaluar a los gobernantes con objetividad. Los líderes deben ser juzgados por sus resultados, por su respeto a las instituciones y por su capacidad para mejorar la vida de la población. El criterio principal no debería ser cuánto odiamos a alguien, sino cuánto contribuye o perjudica al desarrollo nacional.

El Perú necesita menos odio y más reflexión. Necesita ciudadanos que piensen primero en el futuro del país y comprendan que el bienestar colectivo es más importante que cualquier rivalidad personal. Cuando el odio domina la política, todos pierden. Cuando prevalece el interés nacional, gana el Perú. :::

Exigamos la productividad Mínima Vital: la verdadera receta para desarrollar el Perú

 En el Perú, en América Latina y en gran parte del mundo en vías de desarrollo, la política muchas veces cae en lo mismo: mediocridad, facilismo y populismo. Cada cierto tiempo aparecen políticos ofreciendo subir el salario mínimo vital como si esa fuera la solución mágica para que la gente viva mejor. Lo anuncian para ganar votos, para quedar bien, para conquistar poder político. Pero casi nunca hablan de lo realmente importante: aumentar la productividad del país.

Y ahí está el verdadero problema. Un país no se desarrolla porque un político firma un decreto aumentando salarios. Un país se desarrolla cuando produce más, mejor y con mayor eficiencia. Cuando sus trabajadores, empresas e instituciones pueden generar más valor usando los mismos recursos. Eso es productividad.

Y cuando aumenta la productividad, el salario promedio de mercado —que normalmente es más alto que el salario mínimo legal— sube de manera natural y sostenible. Las empresas pueden pagar más porque producen más. La economía crece de verdad. Hay más oportunidades, más empleo y más competitividad.

Ese debería ser el verdadero objetivo nacional: productividad mínima vital. La productividad no aparece sola. Depende directamente de qué tan eficiente y moderno sea un país. Si el Estado construye infraestructura pública de calidad, aumenta la productividad. Carreteras, puertos, aeropuertos, internet, transporte público y energía eficiente permiten producir más rápido y a menor costo. Si el Estado brinda buenos servicios públicos, aumenta la productividad. Un ciudadano que pierde horas en trámites absurdos, colas eternas o sistemas burocráticos ineficientes produce menos. Si el Estado garantiza seguridad ciudadana, aumenta la productividad. Un país donde los negocios viven amenazados por extorsiones y delincuencia es un país que no puede crecer.

Si el Estado mejora la educación y la salud, aumenta la productividad. Porque mejora el capital humano. Trabajadores más capacitados, más sanos y mejor preparados producen más y generan mayor valor. Si el Estado hace respetar los contratos y mantiene orden institucional, aumenta la productividad. Porque las empresas y las personas tienen confianza para invertir, contratar y emprender.

En el Perú, uno de los mayores enemigos de la productividad es la burocracia. Abrir un negocio, conseguir licencias, hacer trámites o ejecutar inversiones puede convertirse en una pesadilla interminable. Tiempo perdido, corrupción, papeleo inútil y funcionarios que muchas veces frenan más de lo que ayudan. Eso destruye productividad.

Por eso, el Perú necesita un Estado mucho más eficiente, moderno y digital. Un Estado que agilice procesos, reduzca trabas y facilite la vida de las personas y empresas. Necesitamos instituciones que funcionen. Necesitamos reducir radicalmente la corrupción y castigarla con las sanciones más severas posibles. Porque la corrupción no solo roba dinero: roba productividad, oportunidades y futuro.

Subir salarios por decreto sin aumentar productividad suele generar consecuencias negativas: más inflación, despidos, cierre de pequeñas empresas, más informalidad, pérdida de competitividad y menos inversión. Es el camino fácil. El camino populista. El camino mediocre que tantos países en desarrollo han repetido durante décadas. Porque repartir riqueza sin crear riqueza nunca funciona.

En lugar de exigir más populismo, deberíamos exigir productividad. Exigir un Estado eficiente, mejor regulación, infraestructura moderna, educación y salud de calidad, seguridad ciudadana, digitalización del Estado, agilidad en las inversiones públicas, promoción de la inversión privada y apoyo real a emprendedores, startups e innovación.

Eso sí genera desarrollo. Eso sí mejora salarios de verdad. Eso sí transforma países. El Perú no necesita más discursos fáciles. Necesita producir más. Necesita competir más. Necesita crecer más. La verdadera discusión nacional no debería ser solamente cuánto subir el salario mínimo vital. La verdadera discusión debería ser cómo aumentar la productividad mínima vital del Perú. Porque los países desarrollados no se hicieron ricos repartiendo decretos. Se hicieron ricos construyendo productividad.