En el Perú se habla hoy de un “pacto mafioso” en el Congreso, y la palabra genera rechazo inmediato. Sin embargo, es importante recordar que los pactos no son inherentemente negativos; son acuerdos entre actores políticos, sociales y económicos para alcanzar objetivos claros y compartidos. A lo largo de la historia, muchos países han usado pactos para promover desarrollo y estabilidad. En Venezuela, Brasil o incluso Argentina, los pactos sociales han permitido coordinar esfuerzos entre gobiernos, partidos, sindicatos y sociedad civil para avanzar en educación, empleo, inversión y bienestar general.
Lo que el Perú necesita no son acuerdos que sirvan a intereses personales de líderes políticos, sino un verdadero pacto por el crecimiento económico. Un acuerdo en el que todos los actores —gobierno, partidos, empresas, trabajadores y ciudadanía— coincidan en un objetivo nacional: impulsar el desarrollo sostenido del país. Porque el crecimiento económico no es un concepto abstracto; es la condición que permite financiar servicios públicos de calidad, infraestructura, educación, salud y proyectos productivos.
Un pacto de este tipo no solo mejora la economía, también fortalece la institucionalidad, fomenta la formalización, la innovación, la investigación y la competitividad internacional. Genera confianza en las normas y en las políticas públicas, y permite que la sociedad avance unida hacia objetivos compartidos.
Hoy, mientras se debate un supuesto pacto mafioso, queda claro que los peruanos necesitamos acuerdos que prioricen al país por encima de los intereses individuales. Necesitamos un pacto que canalice energías, talento y recursos hacia el crecimiento económico, porque solo así se puede construir un Perú más próspero, justo e inclusivo.
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