En un país golpeado por la inestabilidad política crónica, la designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros representa una señal que trasciende nombres propios: es una apuesta por la racionalidad económica en medio del ruido político.
El Perú lleva años atrapado en un ciclo de confrontaciones, cambios de gabinete y crisis institucionales que han erosionado la confianza. Y la confianza —conviene recordarlo— no es un concepto abstracto: es el insumo esencial de la inversión. Cuando el país transmite incertidumbre, la inversión se paraliza; cuando la inversión se paraliza, el crecimiento se debilita; y cuando el crecimiento se debilita, los más perjudicados son los que menos tienen.
En el debate público abundan voces que invocan la democracia, la igualdad o los derechos sociales, como si estos pudieran sostenerse en el vacío. Pero toda política social, todo programa contra la pobreza, toda estrategia para reducir la desigualdad, requiere recursos. Y los recursos no nacen de discursos ni de consignas: nacen del crecimiento económico, de la productividad, de la inversión privada y pública bien gestionada.
Hablar de democracia sin hablar de crecimiento es una falacia cómoda para quienes ya tienen cubiertas sus necesidades básicas. Desde posiciones privilegiadas, algunos opinólogos defienden un “status quo” que no sienten en carne propia. Pero en el Perú profundo, donde millones viven de la informalidad y del día a día, la estabilidad macroeconómica no es un tecnicismo: es la diferencia entre tener empleo o no tenerlo.
La incertidumbre es el impuesto más caro que paga un país. No se recauda en soles, pero se cobra en oportunidades perdidas. Cada proyecto de inversión que se posterga por dudas políticas es empleo que no se crea, es productividad que no avanza, es formalización que se retrasa. Y sin formalización, no hay base tributaria sólida; sin base tributaria, no hay políticas públicas sostenibles.
Por eso es relevante que un economista con trayectoria técnica asuma la conducción del gabinete. Más allá de simpatías o discrepancias, lo central es el mensaje: el Perú necesita menos improvisación y más profesionalismo; menos cálculo político de corto plazo y más visión estratégica de largo plazo.
El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, pero sí es la condición necesaria para casi todo lo demás. Permite financiar educación, salud, infraestructura y seguridad. Permite reducir la pobreza de manera sostenible. Permite que la democracia no sea solo un ritual electoral, sino un sistema que ofrece oportunidades reales.
La inversión —nacional y extranjera— observa señales. Observa si las reglas se respetan, si los contratos se honran, si la política entiende la lógica económica básica. Cuando percibe estabilidad y profesionalismo, responde positivamente. Cuando percibe confrontación y volatilidad, se repliega.
Hoy el Perú necesita enviar señales claras: respeto por la institucionalidad, defensa de los fundamentos macroeconómicos, impulso a la productividad y lucha frontal contra la informalidad. La presencia de técnicos serios en puestos clave es un paso en esa dirección.
No se trata de reemplazar la política por la tecnocracia, sino de entender que sin una base económica sólida, cualquier promesa política es frágil. La democracia florece cuando hay prosperidad compartida; y la prosperidad compartida exige crecimiento sostenido.
En tiempos de incertidumbre, apostar por la estabilidad y la racionalidad económica no es una opción ideológica: es una necesidad nacional.
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