Como Perú puede eliminar la pobreza a partir de caso chino

El Perú ha mostrado en los últimos años una tendencia moderada pero sostenida a la reducción de la pobreza monetaria. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2025 este indicador se ubicó en 25.7%, una caída respecto al 27.6% del año anterior, lo que implicó que más de medio millón de personas salieran de esa condición. Aun así, uno de cada cuatro peruanos continúa siendo considerado pobre, lo que revela la persistencia de brechas estructurales entre zonas urbanas y rurales.

El contraste internacional suele poner el foco en el caso de China, país que en la última década logró, según sus propios estándares oficiales, la erradicación de la pobreza extrema en 2020. Este resultado no significó la desaparición total de desigualdades, pero sí la reducción casi completa de la población que no podía cubrir necesidades básicas mínimas. El elemento central de esa transformación fue una combinación de política industrial, inversión pública masiva y planificación estatal orientada a la infraestructura.

Uno de los pilares más discutidos del modelo chino ha sido la construcción intensiva de infraestructura: carreteras, ferrocarriles, viviendas sociales, redes eléctricas y conectividad digital. Esta estrategia no solo conectó regiones históricamente aisladas, sino que también facilitó la movilidad de la población desde zonas rurales hacia centros urbanos con mayor acceso a empleo, educación y servicios de salud.

El principio económico detrás de este enfoque es simple: la infraestructura reduce costos de transacción y crea condiciones para que la inversión privada se expanda. En paralelo, el Estado actúa como empleador temporal y como coordinador del desarrollo territorial, absorbiendo mano de obra no calificada en proyectos de gran escala.

En el Perú, el crecimiento económico de las últimas décadas ha estado más vinculado a un modelo de libre mercado con fuerte participación del sector privado. Sin embargo, los resultados en reducción de pobreza han sido desiguales y vulnerables a choques externos, como crisis políticas, fenómenos climáticos o desaceleraciones globales.

Aunque la inversión pública ha aumentado en ciertos periodos, su impacto ha sido limitado por problemas de ejecución, fragmentación institucional y debilidad en la planificación de largo plazo. A ello se suma una brecha persistente en infraestructura básica, especialmente en regiones rurales donde la pobreza supera ampliamente el promedio nacional.

La comparación internacional sugiere que el problema no es la existencia del mercado, sino la ausencia de un Estado suficientemente eficiente para corregir desigualdades estructurales. Un modelo híbrido, donde la inversión privada conviva con una inversión pública estratégica, podría acelerar la reducción de la pobreza si se cumplen tres condiciones: eficiencia en la gestión pública, continuidad de políticas de largo plazo y reducción de la corrupción.

En este enfoque, la infraestructura cumple un rol central. No solo como obra física, sino como herramienta de integración social y económica. Carreteras, vivienda social y servicios básicos permiten que poblaciones rurales se integren a mercados laborales urbanos o semiurbanos, reduciendo su vulnerabilidad económica.

Otro componente clave es la generación de empleo a gran escala. Proyectos de infraestructura pueden absorber mano de obra no calificada en el corto plazo, mientras se desarrollan programas de capacitación que faciliten la transición hacia empleos más productivos. Este proceso suele ir acompañado de migración interna hacia ciudades intermedias, donde la presión sobre servicios públicos es menor que en las grandes capitales.

Sin embargo, este tipo de transformación requiere una coordinación estatal que articule vivienda, transporte, educación y salud. Sin esa integración, la migración puede derivar en informalidad urbana en lugar de reducción sostenible de la pobreza.

El caso chino muestra que la reducción acelerada de la pobreza no depende únicamente del crecimiento económico, sino de cómo ese crecimiento se traduce en políticas territoriales concretas. El Perú, por su parte, evidencia que el crecimiento por sí solo no garantiza inclusión si no está acompañado de una estrategia estatal más activa y coherente.

En última instancia, la discusión no es entre mercado o Estado, sino sobre la capacidad de ambos de trabajar de manera complementaria. La infraestructura, la inversión pública eficiente y la planificación de largo plazo aparecen como los ejes comunes de cualquier estrategia seria para acelerar la reducción de la pobreza en el país.