Según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Perú experimentó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,3% en 2024, se espera que alcance 3,1% en 2025, y proyecta un crecimiento de 2,9% en 2026. Estos datos reflejan no solo una tendencia decreciente, sino un crecimiento significativamente inferior al que el país necesita para satisfacer sus necesidades básicas de desarrollo económico y social.
Para financiar la creación de empleo, reducir la pobreza, garantizar servicios públicos de calidad y promover la seguridad ciudadana, el Perú requiere un crecimiento mínimo del 7% anual. Este nivel de crecimiento es indispensable para sostener la inversión en infraestructura, educación y salud, así como para disminuir la desigualdad estructural que persiste en la sociedad peruana.
A pesar de contar con fortalezas notables, como su ubicación estratégica en la región sudamericana, una población joven y dinámica, abundantes recursos naturales y un potencial atractivo como destino de inversión extranjera, estas ventajas se están desaprovechando. La razón principal radica en instituciones débiles, corrupción de altos funcionarios, fragmentación social y burocracia excesiva, que limitan la eficiencia del Estado y la capacidad de implementar políticas públicas efectivas.
El Perú, por lo tanto, enfrenta un desafío doble: crecer más rápido y crecer mejor. Para alcanzar un crecimiento sostenible superior al 7%, se requieren acciones concretas y coordinadas:
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Atraer inversión nacional y extranjera, eliminando barreras burocráticas, agilizando permisos y garantizando seguridad jurídica.
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Fortalecer el capital humano mediante educación técnica y superior de calidad, así como programas de capacitación orientados a la innovación y productividad.
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Acelerar la infraestructura pública, tanto física como digital, mediante proyectos estratégicos de transporte, energía y conectividad que potencien la competitividad del país.
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Reducir la corrupción y la lentitud administrativa, aplicando rigurosamente la ley y promoviendo una gestión estatal eficiente que priorice el desarrollo económico y social.
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Promover una institucionalidad sólida, capaz de garantizar estabilidad macroeconómica, transparencia y cohesión social.
El mensaje es claro: el crecimiento económico proyectado del Perú es insuficiente. No se trata solo de cifras; se trata de oportunidades perdidas para millones de peruanos. Alcanzar un crecimiento del 7% no es un lujo, sino una obligación para garantizar empleo, bienestar y reducción de desigualdad.
Si el país logra implementar estas estrategias, no solo aprovechará sus ventajas naturales y demográficas, sino que también construirá una base sólida para un desarrollo económico sostenido, inclusivo y justo. La conciencia ciudadana y la presión sobre el Estado son esenciales para que el Perú deje de crecer por debajo de sus posibilidades y comience a avanzar hacia su verdadero potencial.
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