El Perú enfrenta una vez más un problema estructural que mina sus fundamentos
económicos y sociales: la utilización de la política para fines personales de
quienes ostentan el poder. Las recientes acusaciones contra el presidente José Jerí,
relacionadas con visitas de mujeres que rápidamente obtuvieron contratos o
dinero del Estado, no son un caso aislado, sino la manifestación de un patrón
recurrente en la historia política del país.
Este tipo de acciones afecta directamente la capacidad del
Estado para cumplir con su función principal: promover el desarrollo, reducir
la pobreza y garantizar instituciones sólidas y confiables. La política, que
debería estar al servicio del país, se convierte en un instrumento de beneficio
individual, debilitando la confianza pública y retrasando los avances
económicos.
La falta de visión de largo plazo, la ausencia de preparación y compromiso con la institucionalidad y la priorización de intereses personales sobre los objetivos nacionales representan un lastre constante para el Perú. La corrupción y la clientelización generan efectos negativos que se reflejan en el estancamiento de políticas públicas, la pérdida de oportunidades de desarrollo y la perpetuación de desigualdades.
Es urgente un cambio profundo: un consenso político que
priorice la honestidad, la capacidad y la responsabilidad, llevando a cargos de
decisión a personas que realmente busquen el bienestar del país y no la
acumulación de poder o riqueza personal. Solo a través de un compromiso serio
con la institucionalidad y con objetivos nacionales se podrá romper este ciclo
que destruye la política y frena el progreso del Perú.
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