El proyecto del Puerto de Chancay, impulsado con inversión extranjera principalmente china, ha generado críticas internacionales, especialmente desde Estados Unidos, con acusaciones sobre supuesta afectación a la soberanía peruana. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de fundamento: Perú mantiene el control legal del puerto. Estas inversiones extranjeras se enmarcan dentro de proyectos internacionales de conectividad y comercio, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que busca conectar países para potenciar el comercio y el crecimiento económico.
Lejos de poner en riesgo la soberanía, Chancay representa una oportunidad para aumentar la competencia portuaria en Perú. Junto a Callao, y otros puertos peruanos, este nuevo puerto incentivará mejores servicios y tarifas más bajas, beneficiando a usuarios y exportadores. La regulación, bajo la supervisión de organismos como Ositran, puede fortalecerse con un mayor contexto competitivo, facilitando la eficiencia y transparencia en la gestión portuaria.
Asimismo, Chancay se inserta en un proyecto de integración regional más amplio, que incluye las zonas económicas e industriales especiales y el Tren Bioceánico, conectando Perú con Brasil y el resto de Sudamérica para expandir la oferta exportadora hacia Asia. Este enfoque estratégico debe priorizarse, dejando de lado debates externos sobre soberanía que no se corresponden con la realidad.
En un contexto de guerra comercial y tensiones geopolíticas, Perú enfrenta el desafío de manejar cuidadosamente las presiones internacionales sin frenar su desarrollo. Los proyectos de infraestructura portuaria y logística, como Chancay, son clave para consolidar la competitividad del país y fortalecer su posición en el comercio global.
Ciertamente, la inversión extranjera, bien regulada, no erosiona la soberanía; Chancay es una palanca para el crecimiento económico, la modernización logística y la integración regional, y Perú debe avanzar con decisión en estos proyectos estratégicos.
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