El tamaño del Congreso de la República no es un asunto menor ni meramente administrativo. Es una decisión política que impacta directamente en el presupuesto público, en la calidad de la representación y, en última instancia, en el crecimiento económico del país. La reciente ampliación del número de congresistas —junto con el retorno a la bicameralidad— no corrige los problemas estructurales de nuestra democracia; por el contrario, corre el riesgo de profundizarlos.
Un Congreso más grande no es necesariamente un Congreso mejor. Las instituciones modernas no se fortalecen por acumulación de escaños, sino por eficiencia, profesionalismo y capacidad de fiscalización. Cuando el número de representantes aumenta sin que mejoren los estándares de selección, meritocracia y control interno, lo que se expande no es la calidad, sino la burocracia.
Cada congresista no solo implica un sueldo adicional. Supone equipos de asesores, gastos operativos, logística, seguridad, infraestructura y mayores recursos destinados a la franja electoral. En un país con brechas urgentes en educación, salud e infraestructura, cada sol debe ser evaluado con rigor. Incrementar el tamaño del Parlamento significa ampliar el gasto corriente del Estado, en vez de priorizar inversión productiva que impulse el crecimiento sostenido.
Además, la proliferación de escaños tiende a incentivar la fragmentación partidaria. Más curules abren más posibilidades para organizaciones improvisadas y candidaturas sin preparación suficiente. La experiencia reciente demuestra que muchos legisladores no cumplen con estándares mínimos de idoneidad, trayectoria o integridad. La ampliación del Congreso puede, en la práctica, facilitar el ingreso de más perfiles sin la formación técnica ni la ética necesarias para legislar y fiscalizar con responsabilidad.
Un Parlamento sobredimensionado también dificulta la fiscalización ciudadana. Mientras más numeroso y fragmentado es el cuerpo legislativo, más complejo resulta para la ciudadanía identificar responsabilidades, evaluar desempeño y exigir rendición de cuentas. La democracia no se fortalece con más nombres en la boleta, sino con mejores representantes y reglas más exigentes.
Si el objetivo nacional es reducir la pobreza y el subdesarrollo, el camino pasa por elevar sostenidamente el crecimiento económico. Y el crecimiento sostenible exige estabilidad institucional, reglas claras, políticas públicas técnicamente sólidas y un uso eficiente de los recursos. Un Congreso más grande, más costoso y más fragmentado puede generar mayor incertidumbre normativa, más conflictos políticos y menor previsibilidad para la inversión.
La tendencia debería ser otra: menos escaños, más exigencia; menos improvisación, más meritocracia; menos política entendida como beneficio individual, más vocación de servicio público. Los técnicos y asesores especializados pueden fortalecer la calidad legislativa sin necesidad de inflar el número de representantes. La profesionalización del aparato legislativo es más efectiva que su expansión.
En estas elecciones, los ciudadanos deben evaluar con memoria y criterio. Quienes promovieron el aumento del tamaño del Congreso deben rendir cuentas por esa decisión. No se trata de un debate abstracto, sino de prioridades nacionales: ¿más gasto político o más inversión productiva? ¿Más burocracia o más eficiencia? ¿Más fragmentación o más gobernabilidad?
El Perú necesita instituciones que impulsen el desarrollo, no que lo encarezcan. Un Estado eficiente es condición para un crecimiento alto y sostenido, capaz de generar recursos que luego puedan redistribuirse con justicia. Sin crecimiento, no hay redistribución posible; sin instituciones sólidas y responsables, no hay crecimiento sostenible.
Votar es también decidir el tamaño y la calidad del Estado que queremos. Un Congreso más grande no garantiza una democracia más fuerte. La fortaleza institucional se construye con capacidad, integridad y responsabilidad fiscal. Lo demás es costo.
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