Zonas rurales, falta de ordenamiento territorial estratégico

En los últimos procesos electorales en el Perú se repite un patrón que vuelve a evidenciar una profunda división territorial del país: mientras en las zonas rurales se concentra un mayor apoyo a candidaturas asociadas a la izquierda política, en los espacios urbanos el voto tiende a distribuirse de manera distinta, reflejando prioridades económicas y sociales más centradas en la estabilidad y el crecimiento. Este fenómeno, observado especialmente en la elección de 2021, no es nuevo y responde a una estructura histórica de desigualdad territorial que aún no ha sido resuelta.

Más que una explicación puramente ideológica, lo que subyace a estas diferencias es una brecha persistente en acceso a servicios, infraestructura, educación y oportunidades económicas. En muchas zonas rurales, el Estado ha llegado de forma incompleta o tardía, lo que genera demandas distintas respecto al rol de la política pública. En ese contexto, el voto no necesariamente expresa una preferencia doctrinaria, sino una respuesta a condiciones materiales concretas.

Sin embargo, el problema de fondo es que estas dinámicas terminan influyendo en la dirección del país sin que exista un consenso claro sobre prioridades de largo plazo. El crecimiento económico, que requiere estabilidad, inversión y productividad, compite con agendas centradas en redistribución inmediata y expansión del gasto público. Esta tensión se vuelve más visible en contextos electorales polarizados, donde las promesas de corto plazo suelen tener mayor impacto que las reformas estructurales.

El desafío del Perú no es nuevo: la ausencia de un ordenamiento territorial estratégico ha limitado la capacidad del Estado para integrar de manera eficiente el campo y la ciudad. La dispersión poblacional, la débil infraestructura de conexión y la desigual provisión de servicios públicos refuerzan brechas que luego se traducen en diferencias políticas. Sin una política clara de desarrollo territorial, las zonas rurales continúan operando con dinámicas económicas y sociales distintas al resto del país.

En experiencias internacionales se observa que algunos países han optado por estrategias de urbanización acelerada como mecanismo de integración, concentrando población en centros urbanos con mayor acceso a empleo y servicios. Sin embargo, trasladar estos modelos de manera directa no siempre es viable ni deseable, debido a las características geográficas, sociales y culturales de cada país.

En el caso peruano, el reto no pasa por descalificar el voto rural ni reducirlo a una expresión de atraso, sino por entender que la fragmentación territorial refleja un problema estructural más profundo. Sin una estrategia sostenida de desarrollo que articule regiones, reduzca brechas y promueva productividad, las diferencias políticas seguirán reproduciéndose en cada ciclo electoral.

El debate de fondo, por tanto, no es únicamente electoral ni ideológico, sino de diseño del país: cómo construir un crecimiento económico sostenido que sea compatible con inclusión territorial real y con un Estado capaz de integrar, de manera efectiva, a todo el territorio nacional.