Perú en campaña: entre el oportunismo y la economía que sí construye país

En cada ciclo electoral en reaparece una promesa conocida: soluciones rápidas a problemas estructurales. Discursos que apelan al descontento ciudadano, ofrecen atajos y colocan en el centro propuestas que, más que resolver, simplifican una realidad compleja. En ese terreno, el riesgo no es solo económico, sino institucional.

La evidencia comparada es clara: los países se fortalecen cuando logran crecimiento sostenido basado en productividad, reglas estables y confianza. Eso exige empresas —públicas o privadas— que funcionen con eficiencia, rindan cuentas y compitan en condiciones claras. Cuando esto no ocurre, los costos los paga la ciudadanía: servicios deficientes, precios altos y menor inversión.

El debate sobre el rol del Estado suele polarizarse. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que el punto no es “más Estado” o “menos Estado”, sino mejor Estado. En sectores estratégicos, puede haber participación pública, pero esta solo funciona cuando hay meritocracia, supervisión rigurosa y sanciones efectivas contra la corrupción. Sin esos pilares, cualquier empresa —sea pública o privada— tiende a la ineficiencia.

En paralelo, la inversión privada cumple un rol clave en ampliar la oferta de bienes y servicios, generar empleo y dinamizar la economía. Para que esto beneficie a la población, se requiere un entorno de regulación firme y transparente, que promueva competencia y evite abusos. La calidad institucional, más que la propiedad de las empresas, es lo que determina los resultados.

En ese contexto, el uso político de promesas económicas simplistas resulta preocupante. Ofrecer soluciones sin sustento técnico o apelar a narrativas de confrontación puede captar votos en el corto plazo, pero suele postergar las reformas necesarias. La historia reciente en la región muestra que el costo de estas decisiones se traduce en menor crecimiento, más informalidad y oportunidades perdidas.

El desafío de fondo es construir consensos mínimos: reglas claras, instituciones que funcionen y políticas orientadas a elevar la productividad. Sin ello, cualquier modelo —estatal o privado— queda expuesto a los mismos problemas.

En un momento clave para el país, la discusión pública necesita menos consignas y más evidencia. Porque, al final, no se trata de elegir entre etiquetas, sino de definir qué condiciones permiten que una economía funcione mejor para todos.