En la actual campaña presidencial en Perú, varios candidatos han propuesto reducir el número de ministerios bajo el argumento de ahorrar recursos públicos. Sin embargo, esta idea parte de una premisa equivocada: reducir ministerios no es, en esencia, una política de ahorro, sino una estrategia para construir un Estado más eficiente.
La discusión no es nueva en la teoría del desarrollo. Diversos enfoques distinguen entre Estados eficientes y Estados predatorios. Un caso emblemático de Estado predatorio fue Zaire, hoy República Democrática del Congo, donde las instituciones fueron utilizadas principalmente para extraer recursos y repartir beneficios políticos. En América Latina, Brasil suele citarse como un caso donde el tamaño del aparato estatal ha crecido significativamente, en parte como mecanismo para absorber empleo y sostener redes políticas.
En contraste, países como Estados Unidos y Japón han sido históricamente considerados ejemplos de Estados más eficientes. No porque sean “más pequeños” en términos absolutos, sino porque mantienen una relación más equilibrada entre población y empleo público, y porque sus instituciones facilitan el desarrollo del sector privado: garantizan reglas claras, infraestructura y condiciones para emprender e invertir.
Cuando un Estado no logra generar suficientes oportunidades en la economía real, suele recurrir a expandir su aparato para absorber empleo o repartir favores políticos. Esto no solo incrementa el gasto, sino que también debilita la eficiencia institucional. En el caso peruano, episodios como el “tarjetazo” en los años 80 reflejan cómo el aparato estatal puede ser utilizado con fines políticos antes que técnicos.
Por ello, reducir ministerios solo tiene sentido si forma parte de una reforma más amplia orientada a mejorar la eficiencia del Estado. Es decir, simplificar estructuras, eliminar duplicidades y fortalecer la capacidad técnica, de modo que el sector privado pueda crecer, generar empleo y sostener la recaudación fiscal. Si se plantea únicamente como un recorte presupuestal, el resultado probable será frustración y, eventualmente, un retorno a la expansión del aparato estatal.
Este mismo principio aplica al Congreso. Más que aumentar el número de representantes, el desafío es elevar la calidad técnica del trabajo legislativo, fortaleciendo equipos profesionales que permitan mejores decisiones públicas.
En síntesis, el debate no debería centrarse en cuántos ministerios tiene el país, sino en qué tan bien funcionan. Menos ministerios solo tendrán sentido si se traducen en un Estado más eficiente, capaz de impulsar el desarrollo y no simplemente en un ajuste contable de corto plazo.
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