Gas de Camisea: Entre Garantías Estatales y Beneficios Privados

El gas natural de Camisea es uno de los recursos más importantes del Perú, pero su gestión ha estado marcada por problemas que afectan directamente a los ciudadanos. Desde un inicio, el Estado decidió financiar la construcción del gasoducto mediante un esquema llamado Garantía de la Red Principal, o GRP. Esto significa que la empresa operadora tenía asegurado su ingreso y sus beneficios, sin importar si hacía bien su trabajo o no. En otras palabras, los peruanos pagamos la infraestructura, pero la empresa no asumió los riesgos de construirla ni de administrarla correctamente. Encima, nosotros los peruanos pagamos por ese gasoducto 

El problema central no es solo que la empresa busque maximizar sus beneficios —eso es natural en cualquier negocio—, sino que el regulador encargado de proteger a los ciudadanos ha sido débil. Su función era regular dos cosas: el precio justo del gas y la calidad del servicio. Si el regulador hubiera cumplido bien su papel, la empresa no podría haber priorizado únicamente sus ganancias. Pero la supervisión falló, lo que permitió que los intereses privados prevalezcan sobre los intereses nacionales.

Además, el Estado garantizó los ingresos de la empresa desde el principio, pagando parte de la construcción del gasoducto. Esto creó un incentivo perverso: la empresa se centró en monetizar el gas de la manera más rápida posible, normalmente exportándolo a precios bajos, y luego vendiéndolo en el Perú a precios altos porque el mercado interno no estaba bien preparado para distribuirlo eficientemente. Así, lo que debía ser un recurso estratégico para el país se convirtió principalmente en un negocio privado, mientras los ciudadanos pagaban los costos.

Esta situación tiene consecuencias claras para los peruanos. Primero, todos los usuarios de electricidad contribuyen indirectamente a financiar la construcción del gasoducto, aunque muchos no usen gas. Segundo, el acceso al gas en el país no es competitivo ni justo. La falta de regulación, la presión de la empresa y la ineficiencia del Estado limitan la posibilidad de que los ciudadanos se beneficien realmente del recurso. Por último, queda evidente que detrás de todo esto hay un problema estructural: un Estado débil, con poca visión estratégica y con deficiencias en negociación, regulación y defensa de los intereses nacionales.

El caso de Camisea muestra que garantizar ingresos a las empresas sin un control efectivo del Estado termina perjudicando a los ciudadanos. Para que el gas natural realmente beneficie al Perú, se requiere un Estado fuerte, capaz de negociar, regular y proteger el interés público, asegurando que los recursos estratégicos se utilicen de manera eficiente y justa.