La reciente elección en el Congreso no es un hecho aislado: es un síntoma más de una política que ha perdido el norte. En un país que crece poco, que arrastra años de inestabilidad y que necesita inversión urgente para generar empleo, la señal enviada al mercado y a la ciudadanía vuelve a ser la misma: incertidumbre.
Cuando el liderazgo institucional se define no por experiencia, capacidad de gestión o credibilidad ante los agentes económicos, sino por cálculos internos, alianzas coyunturales o repartos de poder, el mensaje es devastador. Las empresas —nacionales y extranjeras— no invierten donde no hay previsibilidad. Y el Perú hoy ofrece exactamente lo contrario: fragmentación, confrontación y sospecha permanente.
No se trata de personas, sino de incentivos. El problema no es un nombre propio, sino un sistema político donde la negociación de cargos pesa más que la construcción de estabilidad, donde la popularidad momentánea pesa más que la trayectoria, y donde el cálculo de corto plazo desplaza cualquier visión de desarrollo.
El resultado es un país atrapado en un círculo vicioso: bajo crecimiento, mayor frustración social, mayor polarización y decisiones políticas cada vez menos orientadas al interés nacional.
La democracia no fracasa por exceso de debate, sino por ausencia de responsabilidad. Elegir autoridades debería significar elegir certidumbre, gobernabilidad y reglas claras. Mientras la política siga priorizando la revancha, la desconfianza y la lógica de facciones, el crecimiento seguirá siendo insuficiente y el empleo formal seguirá siendo escaso.
La verdadera reforma pendiente no es solo institucional; es cultural. Necesitamos una política que compita por propuestas, no por cuotas; que busque estabilidad, no aplausos; que entienda que sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay paz social.
El Perú no puede darse el lujo de seguir votando sin brújula económica.
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