En el Perú, el debate político reciente ha estado marcado por discursos polarizados y preocupaciones sobre la ideología de los grupos gobernantes, en lugar de centrarse en la necesidad urgente de un crecimiento económico sostenido y legal, libre de corrupción. El nuevo presidente, proveniente de un sector identificado como de izquierda, ha generado expectativas y temores entre distintos sectores de la sociedad, pero en su discurso inaugural y en las primeras opiniones de los analistas, el tema del crecimiento económico apenas se mencionó. Esta ausencia es preocupante, porque sin un crecimiento real y sostenido, el país enfrenta serias dificultades para atender problemas estructurales como el empleo formal, la reducción de la pobreza y la desigualdad, y garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales.
El Perú ha mostrado en los últimos años un crecimiento económico insuficiente frente a sus desafíos sociales y estructurales. Esta realidad hace evidente que se requiere una política enfocada en atraer inversión extranjera, estimular la inversión privada, y garantizar que la inversión pública cumpla un rol estratégico en infraestructura, conectividad y modernización del Estado. No obstante, el éxito de estas medidas está íntimamente ligado a la eficiencia del aparato burocrático y la lucha contra la corrupción. La corrupción no solo reduce la efectividad de los recursos públicos, sino que también representa un freno directo al crecimiento sostenible: los proyectos se retrasan, los costos aumentan y se disuade la inversión.
La economía no puede depender únicamente de políticas de corto plazo ni de la retórica ideológica. Un país necesita crecimiento económico real para generar empleos de calidad, fortalecer el mercado interno, y sostener los programas sociales que permiten reducir desigualdades. La unidad nacional en torno a políticas de crecimiento es más urgente que nunca, especialmente en un contexto de polarización política donde el debate se centra en posiciones partidarias más que en soluciones concretas.
Por ello, cualquier estrategia de gobierno debe reconocer que el crecimiento económico legal, transparente y sostenido es el motor que permite a los peruanos mejorar su calidad de vida. Esto implica priorizar la inversión, agilizar la burocracia, asegurar la transparencia de los procesos públicos y fomentar un clima de confianza para inversionistas. Solo así se puede transformar el potencial del Perú en resultados tangibles para su población. Ignorar esta realidad, o postergar la discusión sobre crecimiento, es poner en riesgo el limitado progreso alcanzado y comprometer la capacidad del país para enfrentar sus desafíos sociales y económicos.
Ciertamente, la política peruana debe ir más allá de la polarización y la confrontación ideológica, y centrarse en lo esencial: hacer crecer la economía de manera sostenible, legal y transparente. El futuro del país depende menos de debates sobre etiquetas políticas y más de decisiones que impulsen el desarrollo económico real, combatan la corrupción y fortalezcan la inversión en todos los sectores estratégicos.
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